Pedirán explicaciones a general secuestrado

Rubén Darío Alzate AP. Rubén Darío Alzate AP.
Rubén Darío Alzate AP.

El Congreso colombiano pedirá explicaciones al general Rubén Darío Alzate y a la cúpula militar luego de su liberación por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), confirmó ayer, el presidente del Senado.

El titular del Senado, José David Name, aludió al papel que jugaba el militar el pasado domingo en una selvática región del norte de Colombia cuando fue retenido, y el hecho de que viajara de civil en una misión desconocida por sus superiores y sin escolta.

“En algún momento [Alzate] tendrá que dar una explicación a la Comisión Segunda, que es la encargada del control político a las Fuerzas Militares”, aseguró Name, del oficialista partido de La U, mayoritario en el Congreso. “Tenemos todo el poder para realizar el control político que nos da la Constitución”, aseguró, y dijo que una vez liberado el oficial tendría que comparecer personalmente ante la Cámara Alta.

Sin embargo, el presidente del legislativo aclaró que no se busca juzgar políticamente al general, “sino a sus jefes inmediatos”. Sobre la posibilidad de que el oficial se enfrente a algún tipo de sanción por incumplir el protocolo, el presidente del Senado aclaró que es competencia exclusiva del ministro de Defensa y de los altos mandos militares. “Lo que nos preocupa es qué hacía un general de la República en una zona donde fue secuestrado y en una zona de alto riesgo..., pero lo principal es que sea liberado”, insistió respecto al general, el militar de más alto rango capturado por la guerrilla en toda la historia del conflicto interno.

Mientras, el procurador de Colombia, Alejandro Ordóñez, investigará si existen irregularidades en la serie de mensajes de Twitter en los que el expresidente y ahora senador Álvaro Uribe Vélez reveló que el general Alzate había sido secuestrado por las FARC el pasado domingo.

Desde un foro de víctimas del conflicto armado celebrado en Medellín (noroeste), Ordóñez explicó que se pretende establecer si Uribe incurrió en alguna irregularidad al divulgar información reservada y, de ser así, iniciar un proceso en su contra.

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