LEY DE MEDIOS AUDIOVISUALES GENERA CONTROVERSIA EN ARGENTINA

Piden suspender fallo

Parlamentarios de oposición consideran que no están dadas las condiciones para la aplicación de la norma.

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En medio de la polémica, el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina, Martín Sabbatella, notificó al Grupo Clarín, que se opone a la ley, sobre el proceso de adecuación a la misma. AFP/Juan Mabromata. En medio de la polémica, el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina, Martín Sabbatella, notificó al Grupo Clarín, que se opone a la ley, sobre el proceso de adecuación a la misma. AFP/Juan Mabromata.
En medio de la polémica, el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina, Martín Sabbatella, notificó al Grupo Clarín, que se opone a la ley, sobre el proceso de adecuación a la misma. AFP/Juan Mabromata.

Diputados argentinos de oposición presentaron ayer un escrito ante la Corte Suprema de Justicia de ese país, en el que solicitaron se suspenda la ejecución de la sentencia que declaró constitucional la ley de medios, informó el diario Clarín.

Federico Pinedo, Paula Bertol, Pablo Tonelli, Laura Alonso, Cornelia Schmidt Liermann, Alberto Jorge Triaca y Gladys González, del partido Propuesta Republicana (PRO); Patricia Bullrich, de Unión por Todos, y Roberto Pradines, de Demócrata de Mendoza, consideran que debe ser la Corte la que ejecute el fallo, de acuerdo con los alcances con los que fue dictado.

Solicitaron que se suspenda la ejecución de la sentencia hasta tanto se verifique el cumplimiento de una serie de exigencias incluidas en el fallo, relacionadas con el respeto a las libertades de expresión y de prensa.

En concreto, los magistrados exigieron la creación de una autoridad de aplicación de la ley, que sea, efectivamente, “un órgano técnico e independiente, protegido contra indebidas interferencias, tanto del Gobierno como de otros grupos de presión”.

Asimismo, la sentencia exige que “se verifique la acción del Estado como ´garante de la libertad de expresión´, que garantice que ´por la vía de subsidios, de reparto de la pauta oficial o de cualquier otro beneficio, los medios de comunicación (no) se conviertan en meros instrumentos de apoyo a una corriente política determinada o en una vía para eliminar el disenso y el debate plural de ideas”.

Asimismo, que “se verifique que los medios públicos, ´en lugar de dar voz y satisfacer las necesidades de información de todos los sectores de la sociedad´, no se conviertan en ´espacios al servicio de los intereses gubernamentales´.

NOTIFICACIÓN

Sin embargo, a pesar de que la Corte no se ha pronunciado aún sobre esta petición, el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina, Martín Sabbatella, notificó ayer formalmente al Grupo Clarín sobre el proceso de adecuación de oficio a la ley, trámite que fue tildado por el consorcio en un comunicado como un “grave atropello”.

Clarín advirtió que la notificación es “un avance de facto sobre los medios del Grupo, al margen de la ley y de lo establecido por el propio fallo”.

Sabbatella, empero, explicó que lo anterior supone que el Grupo tiene 15 días para ratificar la notificación, tras lo cual se iniciará “la etapa de tasación, concursos y licitación, y en el proceso de transición entre una titularidad y otra se debe garantizar el servicio y las fuentes de trabajo”.

La ley limita la tenencia de licencias audiovisuales, por lo que Clarín debe traspasar algunos medios.

Mientras, el jefe de Gabinete, Juan Abal, confirmó que la presidenta, Cristina Fernández, recibió “con agrado” el fallo de la Corte, que, dijo, “corrobora lo que los argentinos sabemos desde hace cuatro años”.

Sobre el estado de salud de la mandataria, operada el 8 de octubre pasado por un hematoma craneal, Abal confirmó que “continúa en reposo y está cumpliendo con los pedidos médicos”.

“Es una muy buena paciente. Los tiempos de recuperación de Cristina no los define la política, lo hacen los médicos”, indicó.

Recrudece censura en Venezuela

Organizaciones de medios en Venezuela denunciaron ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un incremento de los casos de censura informativa en el último año y acciones del gobierno para “criminalizar” a periodistas o dificultar su trabajo.

“La censura es el tipo de violación más recurrente. Cada 4 días hay un caso”, dijo Gloria Salazar, de Espacio Público.

Según la ONG, en 2013 se han registrado 71 casos, 87% más respecto a 2012.

De acuerdo con los denunciantes, los ataques se recrudecieron sobre todo en el periodo electoral.

Ligia Bolívar, representante del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, denunció que se está convirtiendo en un “hecho recurrente” que se destruyan los equipos de reporteros que han registrado violaciones de derechos humanos o que las autoridades confisquen y borren su material.

Además, denunciaron dificultades para acceder a información pública.

En respuesta, el representante del ejecutivo venezolano, Luis Brito García, calificó como “absolutamente inadmisible bajo el principio de cualquier lógica” las acusaciones de censura y afirmó que en Venezuela los medios crecen y proliferan a pesar de que la mayoría adversa al gobierno y “constantemente inventan sin ningún tipo de obstrucción”.

La relatora especial para la Libertad de Expresión, Catalina Botero, replicó recordándole a los representantes estatales que las violaciones a la libertad de expresión “no se producen solo cuando hay censura, sino cuando hay restricciones desproporcionadas al ejercicio de la libertad de expresión”.

Puso el ejemplo de “cuando un titular da lugar a un proceso penal, incluso incitado por el propio jefe de Estado a través de los medios de comunicación”.

Botero se refirió al caso del diario 2001, contra el que Maduro reclamó un “castigo severo” por haber publicado una noticia en la que se sugería que la distribución de gasolina está racionada.

En materia de derechos humanos, Venezuela volvió a condenar ayer el “ensañamiento” de la CIDH en su contra y la “extralimitación” de sus funciones. En la primera de cuatro audiencias sobre Venezuela ante la CIDH, el representante venezolano para los derechos humanos, Germán Saltrón, aprovechó para reiterar sus críticas al funcionamiento de la comisión.

DPA-EFE

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