CONFLICTO COLOMBIANO

Vélez apunta a ley de tierras

El funcionario afirmó que la tierra está sin uso y sin producción, y que se requiere un nuevo marco regulatorio.
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Vélez apunta a ley de tierras

El superintendente de Notariado y Registro colombiano, Jorge Enrique Vélez. manifestó que la seguridad alimentaria y la productividad agrícola del país están en jaque por culpa de una vetusta ley de tierras, que pronto deberá ser reformada ante un eventual escenario de posconflicto, según una entrevista divulgada ayer por el diario El Tiempo.

La disputa por la tierra es una de las raíces del conflicto colombiano de al menos medio siglo. Precisamente la reforma agraria ha sido una de las banderas del discurso de las guerrillas, entre ellas las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que negocia en La Habana con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos la terminación de la lucha armada.

La legislación de tierras es la llamada Ley 160 de 1994, que buscaba enfrentar el entonces problema de la concentración agraria especialmente por parte del narcotráfico, y que hoy resulta precaria para regular los múltiples desafíos de la administración de la tierra en un país de 114 millones de hectáreas, de las cuales 45 millones son áreas productivas.

“En Colombia es más importante saber quién es el dueño, cómo es la tierra, que la producción de la tierra. Eso no tiene razón de ser”, dijo al diario Vélez.

“La tierra sigue allá abandonada, no produce nada”, mientras no se cree un nuevo marco regulatorio que estimule esta tarea, sostuvo el funcionario. “La tierra tiene que producir, independientemente de quién sea el dueño”, agregó.

Vélez explicó además que, con o sin posconflicto, Colombia debe nutrir el llamado Fondo de Tierras con unos 5 millones de hectáreas –entre lotes baldíos, expropiados a grupos ilegales o robados por otros medios– para ser distribuidos entre campesinos y proyectos asociativos que deberán asumir su producción.

El gobierno ha bregado en los últimos años por detectar las tierras que fueron usurpadas por los grupos paramilitares, guerrilleros y narcotraficantes en el marco de la denominada Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que pretende devolver, a través de medidas especiales, los territorios a sus dueños originales.

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