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PARADOJAS DE ECUADOR

Cuando la ley es injusta

La norma, que aún espera la sanción del presidente Correa, ha levantado una oleada de indignación y rechazo dentro y fuera del país.

El mismo gobierno que ofrece santuario a Julian Assange, creador de Wikileaks y adalid de las libertades de expresión e información, es el que propuso, impulsó y aprobó la Ley de Orgánica de Comunicación del 14 de junio de 2013 que mina seriamente esas libertades y abre la puerta a la censura en el país sudamericano.

El panorama es el de un Estado que se promueve, en el exterior, como un defensor a ultranza de la libertad y la independencia de las cargas que imponen las potencias que califica de “imperialistas”, y en el interior levanta muros y crea restricciones al ejercicio de esos mismos derechos.

La ley recién aprobada ha sido calificada, dentro y fuera, como “ley mordaza” que en su artículo 26 incluye la creación de la figura del “linchamiento mediático”, que obliga a ejercer la censura previa, aun cuando en el artículo 18 expresamente lo prohíbe.

¿Cómo? Pues la figura se define como “la difusión de información que, de manera directa o a través de terceros, sea producida de forma concertada y publicada reiterativamente a través de uno o más medios de comunicación con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública”.

Si bien, el propio presidente Rafael Correa apunta a que la ley está encaminada a proteger a los ciudadanos de los abusos de la prensa, esta provisión ofrece un alero muy acogedor para aquellos que incurren en hechos de corrupción que quedarían a salvo de los radares de la prensa que solo podría desenmascararlos al precio de su propia vida.

El legislador opositor Andrés Páez señaló hace unos días a la prensa internacional que la ley está plagada de disposiciones “intimidatorias”, “persecutorias” y “limitantes” que neutralizarían a la prensa independiente, porque la despoja de la “posibilidad real de transmitir determinados hechos ante el temor de ser clausurados, perseguidos, hostigados”.

Por su parte, Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), denunció: “Este es otro esfuerzo del presidente Correa para perseguir a los medios independientes”.

La misma interpretación hizo el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el uruguayo Claudio Paolillo, quien tachó la ley de “liberticida” y “uno de los retrocesos más graves en materia de libertad de expresión en la historia reciente de América Latina”. Esta figura, abundó Paolillo, “no es otra cosa que el establecimiento de un sistema de censura previa que convierte al mandatario ecuatoriano en el ´Gran Hermano´ y ´Gran Editor´ de esa nación”.

Otro de los asuntos destacables en cuanto al “linchamiento mediático” deriva del hecho de que los conceptos son vagos y subjetivos, apunta Fundamedios. Si se revisa el artículo 26, la definición engloba desde lo que pudieran ser reportes no justificados o sustentados y aquellos que contienen todos los elementos de verificación, contextualización, equilibrio y relevancia de las notas, especialmente aquellas de denuncia.

Jaime Mantilla, director del diario Hoy, lo plantea así: “Se instala la censura previa, aniquila el periodismo de investigación y el seguimiento de los temas noticiosos de interés de la ciudadanía”.

CONSEJO DE REGULACIÓN DE MEDIOS

La controvertida legislación crea un Consejo de Regulación de Medios (Art. 47) y una Superintendencia (Art. 55) con atribuciones para fiscalizar, auditar y sancionar a los medios de comunicación y sus periodistas.

El primer pero de este nuevo organismo está en su propia conformación. Lo integran cinco funcionarios, que representan a: la “función Ejecutiva, quien lo presidirá”; los Consejos Nacionales de Igualdad, el Consejo de Participación Ciudadana y de Control Social, los gobiernos autónomos descentralizados y del Defensor del Pueblo.

Nótese que no hay voceros de la ciudadanía y de los medios de comunicación social.

Mantilla explica que la nueva disposición legal “viola la Constitución al limitar la libre expresión ciudadana, lo que hace al conformar un Consejo Regulador dominado por el Ejecutivo que fija las políticas, una Superintendencia de Información, una especie de comisaría que vigila el cumplimiento, desviaciones, supuestas violaciones y emite las sanciones que considere pertinentes”.

Además, apunta, al forjar la figura del “Defensor de las audiencias” (Art. 73) –cargo que nombrará la misma Superintendencia, sin injerencia del medio–, se instituye un “vigilante” que desde adentro controlará que los contenidos noticiosos se ajusten a la ley.

Este personaje sería lo que los periodistas locales describen como el “censor en casa”.

Fundamedios apuntó, además, que el Consejo fue investido de facultad para expedir reglamentos que contengan sanciones, rompe el principio de legalidad consagrado en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en Ecuador.

Este principio legal establece que el ejercicio del poder público debe estar sometido a la ley, no es discrecional y es lo que concede “seguridad jurídica y distingue a un Estado como un Estado de derecho. Esto viene a cuento porque en materia de regulación de los derechos fundamentales, la supremacía de la ley, o principio de legalidad es clave y no pueden quedar al arbitrio de reglamentos o normas emanadas del Poder Ejecutivo.

CUOTAS

La imposición de contenidos y cuotas de programación a los medios de comunicación es otro aspecto que causa recelo.

Fundamedios planteó en un comunicado emitido el mismo día de la aprobación de la ley que aún reconociendo los “potenciales avances democráticos” de la ley el reconocimiento de los tres sectores de la comunicación (comunitarios, públicos y privados), están planteados de tal forma que parecen dirigidos a reforzar la creciente hegemonía estatal en la comunicación, antes que abrir la comunicación a la pluralidad y diversidad necesarias.

La organización que trabaja en defensa de la libertad de expresión, calificó la ley como “un retroceso a las viejas leyes de imprenta de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando se intentaba amordazar y limitar el trabajo de la prensa escrita” mientras “consagra la acumulación de medios en manos del Estado eliminando las voces críticas al mismo”.

Los hechos están casi consumados. La ley ya fue aprobada y para que entre en vigor únicamente falta la sanción presidencial, que se da por descontada y la publicación en el Registro Oficial.

¿Qué cabe ahora?

Según Mantilla, la Constitución ecuatoriana ofrece dos opciones “interesantes”.

Una sería la demanda de inconstitucionalidad, y la otra sería la “resistencia al demostrarse que se han violado claros derechos ciudadanos consagrados en la misma Constitución, como es el derecho a la libre expresión e información”.

Y, mientras ¿cómo proceder dentro de la nueva “legalidad”?

“Creo –dijo Mantilla– que los medios independientes deberán continuar en su línea de independencia, libertad y pluralismo. Deberemos acceder a todas las instancias internas o externas para defender esa base de la democracia. Creo que los medios de todos los países, los gobiernos democráticos, deben hacer una cruzada para defender la democracia y la libre expresión. Que no vayan a quedarse callados, cuando el presidente Correa ya opinó en su alocución semanal el sábado pasado que esta ley debería proyectarse al resto de América”.

Una de cal, otra de arena

El gobierno del presidente Rafael Correa tiene una relación ambigua con lo tocante a la libertad de información y expresión.

Si bien, en el affaire Assange se ha mantenido firme en proteger al creador de Wikileaks, sitio que divulgó miles de comunicaciones secretas del Gobierno estadounidense exponiendo verdades embarazosas para el “imperio”, algunas de sus gestiones en el ámbito de la libertad de expresión e información son más “oscuras”.

Él, encabezando el grupo de países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), promueve iniciativas que parecen encaminadas a desarticular a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA). Correa es un duro crítico del organismo al que acusa de acosarle y dar pábulo a ataques infundados de sectores opositores que se “resisten” a sus iniciativas guiadas por el nuevo socialismo.

Desde Ecuador se alienta una campaña “democratizadora” que procura “igualar” las relatorías en materia de financiamiento, principalmente, con lo que se le retiraría a la Relatoría Especial la facultad de recaudar fondos fuera de los estados miembro de la OEA.

Tal iniciativa descabezaría de hecho al ente, impidiéndole cumplir con su función de proteger esas libertades fundamentales sin las cuales la democracia no puede existir.

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