Bananeros temen perder jubilaciones

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Los excooperativistas se preguntan por qué se están repartiendo las fincas. ESPECIAL PARA LA PRENSA/Sandra Rivera. Los excooperativistas se preguntan por qué se están repartiendo las fincas. ESPECIAL PARA LA PRENSA/Sandra Rivera.
Los excooperativistas se preguntan por qué se están repartiendo las fincas. ESPECIAL PARA LA PRENSA/Sandra Rivera.

Extrabajadores bananeros de la Cooperativa de Servicios Múltiples Puerto Armuelles (Coosemupar) expresaron su incertidumbre ante la posibilidad de no poder alcanzar una pensión de retiro, luego de haber laborado por varias décadas en la actividad frutera.

Elías González, vocero de los afectados, señaló que pese a que el anterior gobierno se comprometió a pagar los $17 millones que adeuda a la Caja de Seguro Social (CSS) en concepto de cuota obrero-patronal, para que más de 400 exobreros pudieran jubilarse y gozar de servicios médicos, nunca lo hizo. A ello se suman otros $4 millones que se le adeudan a los acreedores y $19.5 millones que se le deben al Banco Nacional de Panamá (BNP).

Confió en que la recién creada Comisión Interinstitucional pueda llegar a un pronto arreglo, ya que muchos trabajadores debieron jubilarse y no han podido.

El compromiso pactado con los extrabajadores establecía la cancelación de los $19.5 millones adeudados por la cooperativa al BNP para liberar las 24 fincas (3 mil 500 hectáreas) y devolverlas al Estado, para su venta y reactivar el área.

Sin embargo, lamentó que fueran repartidas a exobreros que las limpiaron para sembrarlas de varios cultivos y palma aceitera.

“Estas tierras iban a ser vendidas a terceros y con ese dinero se cancelaría la deuda a la CSS, pero han sido entregadas a otros de manera sorpresiva, por lo que queremos una investigación y saber qué pasó con el compromiso”, enfatizó.

Comisión

El pasado 18 de noviembre, el Órgano Ejecutivo creó una comisión interinstitucional para revisar y determinar las deudas pendientes, tras la disolución de la Coosemupar, a la que facultó para revisar y autorizar el pago de gastos de liquidación y cancelación de las obligaciones y deudas preexistentes de acreedores, del seguro social u otro pasivo laboral.

La integran representantes de los ministerios de Desarrollo Agropecuario, Economía y Finanzas, Comercio e Industrias, Trabajo y Desarrollo Laboral y Desarrollo Social.

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