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La ACP, en una encrucijada política: Roberto Alfaro Estripeaut

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Desde la aprobación, en 1994, del Título Constitucional XIV, que creó la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), esta ha probado ser una decisión acertada tomada por el gobierno de Guillermo Endara Galimani.

La idea de proteger a tan importante institución de los vaivenes de la política criolla ha dado hartos frutos para la nación; como prueba, en la primera década pasan de 6 mil millones de dólares los aportes directos del Canal al erario. Adicionalmente, los salarios de los más de 9 mil funcionarios, las contribuciones a la Caja de Seguro Social, los contratos de mantenimiento y servicios que empresas panameñas le brindan a la institución sobrepasan, con creces, otros mil millones de dólares que anualmente ingresan a la economía.

Puedo decir, con orgullo que, como miembro del Gabinete del presidente Endara, participé en la discusión del Título Constitucional y de su final aprobación, antes de ser enviado a la entonces Asamblea Legislativa. Especialmente, recuerdo que me opuse, con vehemencia, a que la junta directiva de 11 miembros de la ACP incluyera a cinco ministros de Estado en ejercicio, porque consideraba que se desvirtuaba la independencia total y necesaria de los gobiernos de turno. Hoy solo su presidente, mientras permanezca en el cargo, ostenta el rango de ministro.

No obstante, últimamente veo con mucha preocupación algunos síntomas que pueden llegar a afectar esa importante independencia y que me gustaría compartir con ustedes. Uno de ellos es que el próximo año habrá que nombrar un nuevo administrador del Canal, casualmente, en la etapa final de la ampliación, ya que el ingeniero Alberto Alemán Zubieta ha manifestado que no aceptará continuar en el cargo. Decisión esta que, si bien respeto, me preocupa de manera considerable, porque la tónica ha sido el nombramiento de allegados al Presidente.

Por otro lado, he captado una posible vulnerabilidad de la ACP ante los embates de la política criolla, en la recién acaecida crisis en la planta de agua de Chilibre, porque se ha ido involucrando a la administración canalera en la complicada responsabilidad de administrar y rescatar una institución como el Idaan, que a todas luces resulta altamente dependiente del Gobierno central, politizada y de un gran compromiso social.

Si bien, inicialmente la ACP aceptó intervenir para ayudar a la solución del problema de la planta que abastece la ciudad de Panamá, luego el Presidente se hizo acompañar por el administrador y el presidente de la directiva de la vía interoceánica y, frente a los medios de comunicación, despide al director general, clausura los predios y nos pide la renuncia a toda la junta directiva, por incompetentes.

El problema es que mientras no se nombre a una nueva directiva y esta, a su vez, de acuerdo a la ley actual, escoja a un nuevo director general o bien se haga una nueva ley para la institución, pareciera que tiene que permanecer bajo las buenas manos técnicas de la ACP.

Le he manifestado al Presidente y a varios medios de comunicación que el problema del Idaan no es la planta de Chilibre, hay otras 50 plantas con problemas más agudos que esa, y en cualquier momento habrá otras crisis con la producción y distribución del preciado líquido en otras ciudades del país, por eso, me pregunto si el Ejecutivo va a recurrir, nuevamente, a la tutela de la ACP hasta lograr que los cierres de calle y reclamos diarios sean dirigidos, también, contra la hasta ahora blindada institución.

Con la mejor de mis intenciones deseo dar una campanada a los directores de la ACP, para que analicen bien el grave problema del Idaan y no sea que, con la mejor de las intenciones, metan a nuestro Canal en su primera encrucijada política nacional.

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