DEFENSA DEL CENTRO FINANCIERO

Acciones al portador, lo que está en juego: Eduardo Morgan

La controversia desatada en torno al proyecto de ley que pretendía inmovilizar las acciones al portador ha dejado la impresión en la comunidad de que los abogados que nos oponíamos lo hacíamos para defender nuestros intereses y que estos eran contrarios a los de los banqueros que apoyaban su aprobación.

Nada más alejado de la realidad. La inmovilización y consiguiente custodia de acciones al portador podría haber representado un importante ingreso adicional para las firmas de abogados, como la que yo represento, porque habría permitido cobrar por la prestación de un nuevo servicio a los clientes, cuyas acciones al portador custodiaríamos. Paradójicamente, el único interés que nos ha movido es defender el centro de servicios internacionales que ha desarrollado Panamá, del cual el sector bancario es la pieza más importante. Paso a explicarme.

Como ha quedado demostrado hasta la saciedad por la lectura de los propios documentos publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) y su foro global (véase Peer Review Report Phase 1 Legal and Regulatory Framework Panama), la inmovilización de las acciones al portador es solo una de las varias exigencias incluidas en la guía por ellos elaborada, cuyo incumplimiento motivaría la inclusión de los países “infractores” en una lista negra que colocaría sobre sus cabezas la espada de Damocles de enérgicas sanciones.

Otra exigencia es la obligación de que todas las sociedades anónimas inscritas en nuestro Registro Público lleven libros de contabilidad detallando sus operaciones, aunque estas se realicen fuera de Panamá, lo que comenzaría a resquebrajar el sistema fiscal basado en la territorialidad. Pero la exigencia que completa el menú del Foro Global, y que podría dar al traste con el centro bancario, es aquella que obligaría a Panamá a firmar convenios de intercambio de información fiscal con cualquier país que se lo exija. Inexplicablemente, los banqueros no han querido ver el enorme peligro que esta exigencia representa. Para comprenderlo en toda su dimensión, basta leer el estudio publicado hace un mes por la Superintendencia de Bancos en el que queda claro que el 38% de los depósitos que hay en los bancos que integran nuestro centro financiero proviene de países de la región.

Y si Panamá acepta, como tendría que hacerlo para evitar ser incluido en la lista negra del Foro Global, celebrar tratados de intercambio de información fiscal con Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y demás países de donde provienen ese 38% de los depósitos bancarios, entonces sí, ¡adiós, centro bancario! La sola sospecha de que esto pudiera ocurrir sería suficiente para provocar un retiro de los fondos de quienes han confiado en la privacidad que ofrecen las leyes que desde hace más de 40 años regulan nuestra actividad bancaria. Es preciso hacer énfasis en que privacidad no es sinónimo de anonimato ni de lavado de dinero, como parecen pensar algunos. La privacidad es un derecho individual consagrado en todas las constituciones democráticas del mundo, al que a veces deben recurrir las personas que pueden ser víctimas de persecuciones políticas, de embrollos familiares o de delitos contra su libertad.

Esta realidad explica la lucha irrenunciable de quienes nos oponemos al proyecto de ley de las acciones al portador. No estamos defendiendo solamente la integridad de la ley de sociedades anónimas, piedra angular inamovible de nuestra economía de servicios. No. Defendemos, sobre todo, la subsistencia de nuestro centro financiero, cuya eliminación es el verdadero objetivo de la Ocde. Desde que la globalización y el desarrollo tecnológico permitieron que se desarrollaran centros financieros más allá de las fronteras de los países más ricos que integran ese cartel, estos se propusieron impedir que surgiera alguno capaz de competir con Londres, Nueva York o Miami. Esto no lo digo yo, sino que lo ha dicho, sin ningún tapujo ni asomo de rubor, la propia Ocde en el documento Improving Access to Bank Information for Tax Purposes, párrafos 36 y 37.

¿Qué hacer, entonces, frente a las amenazas de la Ocde y su Foro Global? Comienzo por señalar que la diferencia fundamental que existe entre quienes apoyan el proyecto de ley que pretende inmovilizar las acciones al portador y quienes nos oponemos es que nosotros sí creemos que Panamá ha cumplido con creces con su obligación de transparencia en todo lo que guarda relación con las transacciones internacionales. Así, tenemos leyes ejemplares que obligan a los abogados que incorporan sociedades a conocer a su cliente, lo que determina que el tema de las acciones al portador sea irrelevante, y hemos suscrito un gran número de convenios internacionales que permiten a las autoridades nacionales, a petición de una autoridad extranjera, investigar y determinar si hay en nuestro centro bancario dinero proveniente de actos delictivos.

Y si Panamá ya ha cumplido, entonces no hay razón para doblegarnos ante la Ocde. Quienes apoyan el proyecto parten de la base de que los poderosos pueden imponer lo que quieran y los países pequeños no tenemos más remedio que obedecer. Y citan como ejemplo lo que ha ocurrido en las Islas Vírgenes Británicas, en Bahamas y en Belice. Se olvidan, sin embargo, de que nosotros no somos ni colonia británica, ni bahameños, ni beliceños. Somos panameños, habitamos una nación que tiene más de 500 años de historia y que hoy, después de enfrentarnos al país más poderoso de la Tierra, ha recuperado su Canal y su posición geográfica, gracias a lo cual es líder en desarrollo económico en la región. ¿Qué hacer, entonces? Sencillamente, enfrentarnos a la Ocde y a cualquiera de sus satélites para alcanzar, a través de un verdadero proceso negociador emprendido sin complejos de inferioridad, lo que otras generaciones de panameños han logrado apoyadas en la razón y en la equidad.

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