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DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

Alerta por proyecto de ley: Marina Videgaín de Españó

Cuando se cumplen dos meses del gobierno del presidente Juan Carlos Varela, los grupos radicales de la ideología de género emprendieron, otra vez, su trabajo para tratar de incorporar propuestas de ley que abren la puerta a esa corriente, y que ponen en riesgo a la institución familiar, a pesar de que esas normas fueron rechazadas por la ciudadanía en los gobiernos anteriores.

El 29 de agosto de 2014 ingresó a la Asamblea Nacional el proyecto de ley No. 085 por el cual se adoptan políticas públicas de educación integral, atención y promoción de la salud, presentado por el diputado Crispiano Adames del Partido Revolucionario Democrático. La legislación, según el proponente, se justifica por la creciente cantidad de adolescentes embarazadas que cada año se registra en el país, argumento jurídico basado en cifras que deben analizarse con mucho cuidado, de lo contrario reflejarían conclusiones equivocadas.

Resulta incoherente que por querer resolver un problema, la solución sea tan insólita. Lo primero es que los número reales no coinciden con los que se presentan como argumento. La realidad es que en vez de incrementarse los casos, estos han decrecido, tal como lo muestran las estadísticas que manejan la Contraloría General de la República y el Ministerio de Salud (Minsa).

En el año 2003, la Contraloría registró 11 mil 921 embarazos en adolescentes, y en 2006, 12 mil 500. Estas cifras comparadas con las actuales que maneja el Minsa –una fuente fiable porque atienden las menores embarazadas– reflejan una baja considerable. Según el Minsa, en el año 2013 la estadística disminuyó a 8 mil 586 casos, y de enero a julio de este año se han reportado 6 mil 359. Estas cifras muestran una caída, si consideramos que la población ha crecido.

Sin embargo, las estadísticas presentadas por los proponentes del proyecto de ley no muestran este descenso, parecen haber sido sido manipuladas.

Pregunto entonces, ¿cuál será la razón por la que se cambia la información? Para introducir leyes que comprometan al gobierno en la promoción de insumos como condones, anticonceptivos, antirretrovirales, entre otros, en los colegios públicos y privados dirigidos a menores que no tienen aún la madurez para tomar decisiones propias.

Si lo que se quiere es bajar la cantidad de embarazos precoces, entonces se deben utilizar parámetros científicos, estudiar las experiencias que han sido exitosas en otros países, mediante la importancia del autocontrol, explicarle a los jóvenes cómo funciona el cuerpo, los riesgos que conlleva el uso del condón, los daños a la salud por la ingesta de anticonceptivos, y los peligros de la vacuna del virus de papiloma humano, entre otros.

En cambio, la propuesta de ley pretende enseñarle a los estudiantes que tienen derecho a disfrutar el placer sexual con libertad y que para tal fin el Estado debe suplirles condones y anticonceptivos; que tienen derecho a la confidencialidad, si así lo desean, e inclusive que pueden excluir a sus padres como consejeros y darle esa autoridad a los maestros y las enfermeras del plantel, es decir, que personas extrañas controlarían la intimidad de nuestros hijos.

Algo más aberrante aún es que se invitaría a los jóvenes de 18 años en adelante a practicarse la esterilización permanente, sin haber tenido hijos. Todas estas normas lo que buscan es promover la sexualidad prematura, y esto es rechazado por los padres y la ciudadanía, en general.

¿Por qué, entonces, aprobar leyes que no han sido exitosas en otros países? Contrario a esto, habría que continuar con la educación para el autocontrol, enseñar y promover los valores éticos y morales entre los niños y adolescentes, y formar e incluir a los padres de familia en esta formación.

Las estadísticas indican que vamos por buen camino y, además, dejan ver que el Ministerio de Educación ha hecho una buena labor en la orientación sobre aspectos de la sexualidad humana, por lo que no necesitamos este tipo de propuestas de ley.

Sigamos con estas políticas y, junto a la cooperación de los padres de familia, la Iglesia, los medios de comunicación y la ciudadanía en general, lograremos de verdad –no con mentiras– marcar una diferencia en la carrera contra los embarazos en adolescentes, sin caer en las proposiciones nefastas para la salud que contiene el proyecto de ley No. 085.

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