EXCESO DE PRIVILEGIOS

Asesinatos de la Policía: Edgardo Voitier López

La sociedad panameña otra vez ha quedado horrorizada por la muerte de dos menores de edad en la localidad de San Carlos a manos de la Policía Nacional.

Aún cuando la reacción inicial de las altas autoridades del Gobierno fue una suma de indiferencia presidencial y silencio tanteador; el enorme repudio de la población obligó al director de la Policía a dar explicaciones que en vez de convencer, reflejan lo cómodo que se encuentra con los privilegios procesales que posee la Fuerza Pública y las improvisadas medidas disciplinarias que huelen a truco para invalidar los procesos.

Además del dolor producido por la muerte de los menores, toca preguntarnos ¿qué nivel de posibilidades existe para que dichos crímenes policiales se repitan? Podría ocurrir por las siguientes razones:

Los miembros de la Fuerza Pública poseen el privilegio de no poder ser detenidos preventivamente cuando son investigados por el uso excesivo de la fuerza. Este privilegio que se había eliminado con el Acuerdo Concertado Nº 6 de la Mesa del Diálogo, creada para eliminar la llamada “Ley chorizo”, fue reimpuesto por el propio mandatario Ricardo Martinelli en el Palacio de las Garzas una tarde de domingo, y llevado a la Asamblea Nacional para convertirla en la Ley Nº 74 de 2010.

A la ventaja procesal se suma las funciones muy amplias que legalmente poseen estamentos como Senafront (Servicio Nacional de Fronteras) y otros; cuyas consecuencias de muertos y heridos los vimos en las protestas de Changuinola, comarca Ngäbe y Colón.

Otro factor que ayuda a la acción criminal de la Fuerza Pública son los plurales incentivos salariales que Martinelli les ha dado (sobre todo a la Policía). Al inicio no comprendimos los aumentos de sueldo a estos en poco tiempo, hoy queda claro que la estrategia es ganarse la obediencia de los gendarmes para que repriman sin dudas, sin límites (los quemados en la Cárcel de Menores, y la represión dentro del Instituto Nacional, son ejemplos de ello) y sin escrúpulos.

Los incentivos a la acción irracional de la Fuerza Pública, se perfeccionan con las incitaciones y perdones inconstitucionales del propio Martinelli. Cuando ya había un muerto en las protestas en Colón contra la Ley 72, mandó desde Japón un mensaje vía Twitter a los policías en el que los felicitaba por el maltrato al pueblo colonense. Esta incitación produjo cuatro muertos más en dichas protestas.

El Presidente no es de medias tintas sino de tinta chorreada. No se conforma con incitar, sino también perdonar a los agentes a través de indultos que violan el numeral 12 del artículo 184 de la Constitución Política. La osadía del Ejecutivo es tal que pisotea el fallo del 30 de junio de 2008, que además de revocar indultos de Mireya Moscoso, dejó claro que la Carta Magna solo faculta al gobernante a perdonar por delitos políticos.

Los factores ya señalados, se complementan con la hipocresía del Ministerio Público. Asombra ver cómo Ana Belfon, abogada personal del mandatario, hoy procuradora General de la Nación, apura a sus fiscales para demostrarnos que los policías van a ser castigados; cuando ella misma en condición de abogada de la Presidencia se presentó en la Mesa de Diálogo contra la “Ley chorizo” y defendió los privilegios procesales de la Policía que hoy contiene la Ley 74.

Es la misma Ana Belfon que siendo jefa del Ministerio Público cierra expedientes por los asesinados en las protestas y exime de responsabilidad a Raúl Mulino, Julio Moltó y a otros. Es decir, no subyace un sincero deseo de acabar con las extralimitaciones criminales de la Policía, sino solo un interés de apagar la generalizada indignación ciudadana.

Hay que desmontar estas condiciones para que los crímenes policiales cesen o disminuyan sustancialmente. Urge derogar la Ley 74 de 2010, constituir una Comisión de la Verdad que revierta la impunidad y el cierre de expedientes relacionados con las muertes en protestas, se limite las funciones del Senafront y otros estamentos de la Fuerza Pública, cese la incitación, se anulen los indultos inconstitucionales, entre otras medidas.

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