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Atrapar a los corruptos: Álvaro Lasso Lokee

Nuestro país, en más de 100 años de existencia, todavía no cuenta con un sistema confiable que permita atrapar a los corruptos de alto perfil y, por lo visto, seguirá siendo una odisea hacerlos pagar en la cárcel, como merecen. Sobre todo, mientras haya una ley que blinda a los que conforman el poder político.

Dificulto que algún ciudadano no quiera ver preso a los funcionarios que cometieron fechorías, al igual que a los delincuentes que roban en la calle a diario. Sin embargo, irónicamente, disminuyeron las penas por delitos de corrupción, a diferencia de otros países en que esos actos se castigan con condenas de entre 15 y 20 años o más. En teoría, en Panamá, parece que no hay corruptos, pues no hay una lista de detenidos por ese delito.

Los gobiernos deben declararle la guerra frontal a la corrupción, en lugar de tratar el tema con timidez o como algo sin importancia. Cuando hablan de esto en campaña, suena a compromiso serio y vertical, pero después de alcanzar el puesto presidencial, la corrupción parece de un planeta muy lejano y, si ocurre frente a sus narices ni se enteran.

Además, no sabemos si en las leyes que protegen a esa clase de delincuentes de alto perfil existe más peso en las conexiones de amistades y familiares, por ser un país pequeño y en el que la ascendencia de los delincuentes sirve de criterio para indultarlo de las penas.

Panamá ha pasado por varias etapas políticas en su era republicana, una de las últimas fue la dictadura militar en la que se perdieron muchas vidas inocentes. Tras ese período, vino el renacimiento de la democracia, después de 21 años bajo la sombra de un cuartel que dictaminó las líneas del gobierno.

Las esperanzas y expectativas de un cambio fueron altas, sin embargo, la frustración y la decepción se ha vivido en distintas formas. La manipulación del poder ha sido comparada a los tiempos vividos a la época previa a los militares, cuando se acondicionaron privilegios para un reducido sector de la población y se mantenía el control de los poderes políticos. Ahora no es que la corrupción desaparecería por arte de magia, pero tampoco pensamos que se pondría en práctica lo mismo que se criticaba y otras mañas que afectan al pueblo. Lo peor es que muchos de los funcionarios deshonestos se burlan del sistema y, descaradamente, declaran lo que sea, como si estuvieran restregándole al país, el dinero que obtuvieron en su momento. Unos con comodidades de casa por cárcel y país por cárcel, y otros en el extranjero dándose la gran vida.

Los abogados de los acusados son especialistas en dilatar los procesos para evitar que sus clientes sean atrapados, mientras un país cauteloso observa cómo se libra a los corruptos, sin recuperar los millones hurtados. Por supuesto, con la colaboración de un sistema que los hace inmunes a la justicia y con una Corte Suprema de Justicia que no parece distinguir que los privilegios son inconstitucionales.

No obstante, mantenemos la esperanza de que el sistema judicial tome la línea apropiada y haga pagar a todos esos que cometieron delitos. El reto de los políticos responsables es incluir en sus agendas la reconstrucción de la Constitución para eliminar esos absurdos privilegios, que no puede tener ningún funcionario. Aprovechen la oportunidad para rehacer a Panamá, como un país decente, y dejen de hacerse propaganda en las redes sociales, porque las obras las pagamos todos los panameños y su deber es hacerlas.

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