HIDROELÉCTRICAS

Los argumentos falsos sobre Barro Blanco: Jaime Correa Morales

Por años hemos oído hablar de este proyecto que se inició durante la presidencia de Martín Torrijos, que continuó en el gobierno de Ricardo Martinelli, y que ahora casi terminado permanece estancado y sin que se tome alguna decisión desde hace aproximadamente un año, a pesar de la necesidad de más energía eléctrica en Panamá.

Los gremios empresariales y muchos civiles se han pronunciado a favor de su terminación cuanto antes, pues se considera que no son válidos los argumentos que aducen quienes se oponen a que se prosiga y se concluya esta obra. En un artículo anterior, expliqué que es falso que los embalses corrompan las aguas pues ¿de dónde toma agua esta ciudad, si no es de los embalses de Miraflores y Gatún? Y, no obstante ello, siempre hemos publicitado que tenemos la mejor agua del mundo (pretencioso, pero cercano a la verdad). Además, dije que los embalses tampoco hacen desaparecer los ríos, pues estos siguen corriendo igual después de generar la electricidad, y la mejor prueba es que en un mismo río se construyen varias hidroeléctricas. Eso sin contar con que tendremos reservas para imprevistas sequías.

El tema es político y para entenderlo mejor recordemos los cierres criminales de la Interamericana y el secuestro de muchos autos y viajeros durante una semana entera en 2012, por lo que hubo que enviar a la Policía Nacional para restituir el orden y liberar a los secuestrados. Y resultó que la oposición de entonces (que hoy gobierna) y los medios igualmente opositores, aprovecharon la coyuntura para politiquear en apoyo a los indígenas que transgredían la ley y a quienes vimos por la televisión atacando, con piedras, a los representantes del orden público, destruyendo a mansalva las propiedades del Estado y las privadas, sin que se tomase ninguna medida disciplinaria contra ellos. Algo jamás pensado en ningún país siquiera medio serio, medio civilizado. No nos extrañe, pues, lo que está ocurriendo.

Desconozco detalles sobre el estudio de impacto ambiental, como también en cuánto se afecta el territorio comarcal, pues oigo versiones opuestas dependiendo de qué lado provienen. Pero la realidad es que existe un contrato con el Estado (no con ningún gobierno) que tenemos que respetar. Pero aun suponiendo que se afectara parcialmente el territorio comarcal, la Constitución autoriza la expropiación de áreas, sin excluir a las comarcas indígenas, cuando se trate de proyectos beneficiosos para las mayorías, como es este caso; siempre indemnizando a los afectados. Y es que no incursionamos en territorios de Colombia o de Costa Rica, sino en uno panameño. Y aunque el río cruzase en todo o en parte la comarca, la Constitución también nos señala que las aguas son del Estado y solo mediante concesiones especiales se puede otorgar a particulares. No hay, entonces, ninguna razón legal para mantener tal actitud violatoria de la ley. Es obvio que ellos aspiran a ser un país independiente, y ya casi lo son.

¿Dónde queda pues, la cantaleta de la falta de institucionalidad que se le achacaba al gobierno anterior, si tanto aquel como este permiten que se violen todas las disposiciones legales, es decir, faltando a la institucionalidad? Respecto a esto, creo que el problema más delicado que tenemos hoy en el país es la absoluta falta de autoridad, por ello vemos que cada quien hace lo que le viene en gana: cierran calles con cualquier excusa, hacen huelgas ilegales, etc., y a nadie se le disciplina.

¡Cada día nos acercamos más a la peligrosísima anarquía, salvo que pronto despertemos del letargo!

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