JUSTICIA

¿Cadena perpetua en Panamá?: Orestes Arenas

Es lamentable lo ocurrido en el Centro de Cumplimiento de Tocumen el 9 de enero de 2011. Esta situación no puede volver a repetirse y, para ello, no solo se debe sancionar a los responsables, sino también hay que tomar las medidas estructurales que sean necesarias para evitar cualquier tipo de abuso en los derechos de las personas privadas de libertad, ya que ellas solo se encuentran privadas de un solo derecho: “la libertad ambulatoria”.

A raíz de estos horribles hechos, se ha sancionado a algunos policías y directivos del Centro de Cumplimiento a penas que llegan hasta los 46 años de prisión. Ante esta realidad, debemos preguntarnos: ¿Estamos frente a una cadena perpetua? La respuesta es que en Panamá este castigo no está contemplado a nivel normativo, ya que en nuestro ordenamiento jurídico no existe alusión alguna a la posibilidad de privar a alguien de su libertad durante toda su vida. Aunado a esto, la prisión es definida en el artículo 52 del Código Penal como la privación temporal de la libertad personal, por lo que cualquier detención que implique la muerte de la persona para lograr su cumplimiento deja de ser temporal y pasa a ser de por vida, siendo contrario a lo dictado por la ley.

Además, según el artículo 7 del Código Penal, la pena tiene una finalidad de reinserción social, que no podría cumplirse frente a una cadena perpetua, ya que la reinserción social implica que la persona regrese a la sociedad y viva acorde al derecho. Por otro lado, nuestro sistema penal tiene como fundamento el respeto a la dignidad humana, tal como reza el artículo 1 del Código Penal de Panamá, según el cual la persona es en sí misma un fin y no un medio para otros fines. Es decir, que ni en la Constitución ni en la ley penal existe una norma que permita a los jueces recluir a alguien de manera perpetua en una prisión, sino que, por el contrario, lo que hay es una protección de su dignidad humana.

Sin embargo, si las personas responsables penalmente de estos hechos tuvieran más de 35 años, al cumplir la pena de 46 años de prisión habrían de quedar en libertad con más de 80 años, superando la esperanza de vida de la población en Panamá que es de 77 años, según la Organización Mundial de la Salud. Por lo que sería en realidad una reclusión vitalicia. Esto es así, porque si en una sociedad las personas fallecen después de que cumplan las penas impuestas, entonces no podrán desarrollar una vida luego de la “resocialización”, y la pena no sería temporal sino permanente. Sumado a que los prisioneros son más propensos a una mala atención médica, con lo que su esperanza de vida se ve reducida. Por lo anterior, podríamos concluir que en Panamá no se permite legalmente la pena de cadena perpetua, pero al condenar a una persona que pasa los 35 años a 46 años de prisión constituye en realidad una cadena perpetua. Esto es así, porque las penas son las que son en la realidad, y no lo que dicen ser en la norma.

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