CORREGIR EL RUMBO DEL PAÍS

Castigar es justo, pero insuficiente: Miguel A. Erroz

Castigar es justo, pero insuficiente: Miguel A. Erroz Castigar es justo, pero insuficiente: Miguel A. Erroz
Castigar es justo, pero insuficiente: Miguel A. Erroz

Existen diversos tipos de corrupción. Una que nos tiene impactados es el desfalco. Otros por considerar son los proyectos innecesarios o inefectivos, la planilla poblada por partidarios sin capacidad o interés en su labor y millares de decisiones viciadas por intereses clientelistas y fallos parcializados. Es de aplaudir que las actuales autoridades estén investigando ciertos incidentes. ¿Pero es esto suficiente? ¿O es necesario algo más para corregir el rumbo?

Hay quienes expresan que la causa de la corrupción son las personas corruptas, por lo que la solución está en cambiarlas. Y sí, quien se involucra en corrupción es responsable de sus actos. Pero en la medida que sus reemplazos sean expuestos a los mismos conflictos de intereses, es ingenuo esperar que podrán actuar de manera significativamente distinta. Nuestra historia así lo demuestra.

Es decir, el reto no es que el grupo político resultó estar compuesto de “corruptos”. Ni siquiera es que fingen buenas intenciones durante las campañas. Es que durante ellas se vende y, por ignorancia, se compra la “superioridad moral” como solución.

En sociedades que no sufren de corrupción endémica, cuando se dan situaciones en que funcionarios (o empresarios) actúan de forma corrupta, no solo se les busca reemplazar y castigar. Gran parte del enfoque gira alrededor de investigar la circunstancia y, luego, eliminar aquellas tentaciones y presiones que de permanecer, nuevamente motivarán actos similares. Un ejemplo útil viene de Houston, Texas, donde hace poco ligaron el sueldo de los directores de escuelas públicas con las notas de los alumnos. De inmediato los puntajes comenzaron a subir y los políticos festejaban su ley. Pero las notas no cuadraban con otros índices y había rumores. Fiscales, que en Texas son puestos independientes, descubrieron que los directores coaccionaban a sus maestros a inflar las notas, so pena de darles malas evaluaciones y despedirlos. Lo revelador de la reacción pública en Houston es que no se sugiere que la causa es “educadores corruptos” y que la solución es reemplazarlos con “personas éticas”. Se centra en el conflicto de intereses creado por la nueva ley y en corregirla.

La moraleja es que castigar es justo, pero rectificar el rumbo requiere más. El momento histórico es oportuno para examinar nuestra metodología hacia la corrupción. Hay quienes practican y promueven satanizar a quienes han actuado indebidamente, con el resultado de ocultar el importante rol que juega el entorno. “Son corruptos” o “lo llevan en su sangre”, esta es la causa y ya. Para ver más allá, la clave está en humanizar a sus víctimas. No se trata de crear excusas, sino de entender las tentaciones, luego eliminarlas.

Aplicado este enfoque al entorno gubernamental sale en evidencia una cosa. La fallida institucionalidad está atada a conflictos de intereses estructurales, que arrasan con la imparcialidad. La mayoría de los puestos públicos no son otorgados por mérito, lo son por utilidad a la jerarquía política que los reparte. Como si fuera poco, mantener o avanzar en la carrera recae sobre emplearse en beneficio del grupo empoderado y sus aliados. A esto se suma que ocurre igual con sus presupuestos, al ser controlados por el Ejecutivo.

Por otro lado, la jerarquía política requiere partidarios y el patrocinio de allegados. Con las herramientas constitucionales diseñadas para este fin, reclutar se facilita al repartir o prometer puestos y bienes públicos. Funciona como un colador que aventaja el ascenso de personajes astutos en entregar más de lo de todos, a los suyos.

Una vez suficientes funcionarios están bajo firme control, la impunidad adquirida facilita la repartición de bienes y justicia. Como si esta tentación no fuese excesiva, lo que se le reparte a unos se le niega a muchos, ocasionando que sea ventajoso asociarse con los partidos y endulzar a sus cabecillas, así sea a puertas cerradas. Azotados por la incompetencia y la arbitrariedad, sufre la salud de las instituciones: justicia, escuelas, hospitales, ambiente, etc.

Mientras tales conflictos de intereses permanezcan intactos, estos seguirán provocando resultados semejantes. Resolverlo requiere, entre otras cosas, sistemas de empleo y ascenso basados en mérito, separados de las fuerzas políticas. Pero el reto actual no está en el diseño de una solución; está en multiplicar el número de ciudadanos que distingue entre los funcionarios que actúan mal y la situación que lo promueve.

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