AGILIZACIÓN DE LA JUSTICIA

Codificación internacional

La República de Panamá, mediante sus órganos competentes de impartir justicia y expedir leyes, debe evaluar la posibilidad de compilar las leyes penales dispersas vigentes (códigos, tratados y convenciones), aplicables a los delitos internacionales en un posible proyecto de codificación penal con competencia internacional. Delitos que se han incrementado (Numerus apertus) con la apertura mundial de la economía y del desarrollo tecnológico, favoreciendo a muchos sectores de la economía nacional, pero también ha generado la presencia de nuevos delitos que lesionan nuestra imagen de país en franco crecimiento.

Un instrumento jurídico, como el propuesto, aplicable en el territorio nacional (Locus Regit Actum) y de competencia en la legislación extranjera, viabiliza y fomenta con rapidez y precisión la justicia sin que los tribunales se dilaten en la aplicación de lo que corresponde al tipo de transgresión cometida por el individuo y/o Estado alguno. La tarea requiere de la visión y el esfuerzo de los poderes establecidos constitucionalmente, es decir, el Ejecutivo, Judicial y Legislativo. Lo sugerido está muy ligado a los nuevos sistemas garantistas de justicia, como el sistema penal acusatorio (SPA), en plena ejecución en los tribunales de justicia de los cuatro distritos judiciales.

Cuáles son estas normas a las que nos referimos: las sustantivas, implícitas en el Código Penal, lo que constituye delito, lo que decidió el legislador que se va a sancionar, y las normas adjetivas, insertas en el Código Procesal Penal, que es el procedimiento de cómo y en base a qué se van a probar los delitos. Y por otro lado está la legislación internacional (normas de imperativo cumplimiento), tratados y convenciones. Las leyes y tratados propuestos que deben integrarse a una codificación como la sugerida, son las siguientes:

(1). Ley 14 de 2007, Código Penal y de sus recientes reformas: Delitos contra el orden económico en su modalidad de los delitos de blanqueo de capitales, y delitos financieros. Delitos contra la seguridad colectiva, en su modalidad de terrorismo, delitos contra la salud pública. Delitos contra la personalidad jurídica del Estado, y de los delitos contra el derecho internacional de los derechos humanos. Estos delitos comprendidos en el Código Penal como otros que se enmarcan dentro de los delitos penales son normas que justifican nuestra proposición.

(2). Ley 63 de 28 de agosto de 2008, que aprueba el actual Código Procesal Penal, y sus respectivas reformas, es otra normativa importante en lo concerniente a los procesos de extradición, cuyo código le dedica entero el Título IX, y que por lo complejo de la aplicación de esta figura requiere de la experticia de los tribunales de investigación y de juzgamiento de los Estados requeridos y requirentes, con el objeto de extraditar o trasladar a las personas que están siendo perseguida por la justicia internacional para que honren la trasgresión de la ley penal.

(3) Tratados y convenciones internacionales. Normas jurídicas de carácter penal internacional (derecho supranacional) suscritas entre Estados y organismos internacionales a nivel de Naciones Unidas, en materia de: (1) Extradición, (2) Ejecución de sentencias penales, (3) Narcotráfico (4) Terrorismo y financiación del terrorismo, (5) Derechos humanos (Pacto de San José) (6) Otros. Panamá ha ratificado estos instrumentos jurídicos internacionales mediante leyes de la República, aprobadas por la Asamblea Nacional.

La integración de leyes con jurisdicción extraterritorial para simplificar los procedimientos vigentes (economía procesal), garantiza la descongestión de los centros penitenciarios, ocupados en parte por ciudadanos extranjeros, cumpliendo sentencia o en espera de juicio. No se trata de entrar en conflicto con normas vigentes en la materia; así mismo, los Estados muto proprio se reservan el derecho de ratificar o no lo que firman; y en algunos casos no existen pactos supranacionales. A resumidas cuentas, si hubiese un vacío legal a la situación jurídica, el instrumento propuesto entraría a regular la materia por la inexistencia de la norma.

Panamá cuenta con una primera codificación internacional, el Código de Derecho Internacional Privado, aprobado mediante ley de la República número 7 del 8 de mayo de 2014, con competencia para regular los conflictos de jurisdicción internacional, relacionado con los procesos civiles de derecho privado de competencia de los tribunales panameños, cuando el hecho ilícito por su naturaleza, tenga efecto jurídico en el territorio panameño, por lo que el mismo fin persigue nuestra propuesta en materia penal.

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