LEGISLACIÓN

Combatir la violencia intrafamiliar: Nelson Delgado P.

Los Estados han implementado diversos mecanismos legales para combatir, sin desmedro, todo género de violencia que lesione o ponga en peligro el núcleo familiar. El Art. 200 del Código Penal, por ejemplo, señala la pena de prisión, de dos a cuatro años, o arresto de fines de semana y tratamiento terapéutico multidisciplinario; además, contempla agravantes que aumentan la pena, si la incapacidad de la lesión causada es mayor de 30 días, y sin perjuicio de la aplicación de sanciones penales adicionales, si se tipifican otras conductas. Sin embargo, la normatividad se queda corta.

En Colombia, por ejemplo, con una sanción penal similar se acaba de aprobar, que dichos delitos no son conciliables, es decir, no se puede desistir y, además, cualquier persona –familiar o vecino– puede denunciar la violencia intrafamiliar, proscribiendo su calidad de querellables, para que el Estado adelante de oficio los actos procesales correspondientes, y se impongan las sanciones penales vigentes. Estos mecanismos legales son de mayor efectividad y valdría la pena considerarlos.

Pero, aunado al preocupante nivel de agresividad o violencia intrafamiliar que reina en nuestro país, hay abogados irresponsables que utilizan las mismas disposiciones legales para acabar con la familia, arguyendo violencia cuando no existe; instando a funcionarios a que acojan peticiones sin constatar la veracidad de las presuntas conductas delictivas. Hay abogados que denuncian falsa violencia doméstica para aniquilar, a la fuerza, el esquema familiar y sacar del hogar al presunto infractor, para satisfacer antojos y supremacías insuperables de hogar, que dejan cicatrices perennes en los hijos. Se podría decir que se han conformado “carteles” del derecho de familia, que más que propender por la protección y fortalecimiento del núcleo familiar, lo destruyen por la avidez económica de algunos con idoneidad de abogado, que se pasean orondos por los tribunales de justicia como precursores de la ley, cuando en realidad delinquen sin ruborizarse, sin dejar de lado a los funcionarios que admiten, sin probanzas, denuncias fraudulentas.

Muchas de las querellas promovidas por la violencia doméstica o intrafamiliar terminan años después en sobreseimientos, precisamente porque en su mayoría son hechos infundados. Pero, ¿Cuál daño es peor? También, a esos abogados sin escrúpulos hay que denunciarlos y sancionarlos para purificar y dignificar la profesión.

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