REFORMA INTEGRAL

´Constitución´ de corte militarista: Carlos Guevara Mann

Días atrás, en Davos (Suiza), el presidente, Ricardo Martinelli, dijo a CNN que “es importante que los panameños cambiemos la Constitución”, la cual tiene “un corte militarista”. Uno de los aspectos que se reformaría es la duración de la veda para la reelección presidencial, la cual sugiere recortar de 10 a 5 años (La Prensa, 22 de enero).

Poco después, el ministro de la Presidencia, Roberto Henríquez, indicó que “lo más probable es que se va a hacer” la reforma, posiblemente luego de las elecciones del 4 de mayo. Según Henríquez, “más de cuatro miembros de los partidos adversarios” apoyarían una reforma constitucional encaminada a reducir, a un período constitucional, el término de espera para la reelección (La Prensa, 24 de enero).

Tiene razón el Presidente al señalar que la Constitución vigente es de corte militarista. Su texto original, impuesto en 1972 por la dictadura militar, fortaleció las atribuciones del Ejecutivo en detrimento del balance de poder entre los órganos del Estado. En tiempos en que el gobierno era un apéndice de la comandancia de la Guardia Nacional, la concentración del poder en la rama ejecutiva tenía como propósito permitirles a los militares un control más efectivo sobre el sistema político panameño.

Aunque algunos de los aspectos más tóxicos de la versión original fueron eliminados en 1983, el “hiperpresidencialismo” se mantuvo. Además, el sistema de representación creado por la dictadura para descuartizar la autonomía municipal no solo se retuvo, sino que sirvió de modelo para la Asamblea Legislativa (hoy, Asamblea Nacional) establecida en 1984, cuyas principales ocupaciones son el clientelismo, la corrupción y el tráfico de influencias.

Decía el Dr. Humberto Ricord, catedrático y jurisconsulto fallecido en 2009, que lo peor de la Constitución de 1972 eran los representantes de corregimiento. Un examen del régimen municipal (contenido en el Título XII de la Constitución y la Ley 106 de 1973), a la luz de los postulados más elementales del gobierno republicano, le da bastante razón a Ricord.

La inmensa mayoría de los representantes es elegida en circuitos (corregimientos) pequeños, de escasa población y condiciones de estrechez socioeconómica, características que constituyen caldo de cultivo para el clientelismo. Una vez elegidos, ejercen funciones legislativas (como miembros del consejo municipal) y administrativas (como presidentes de las juntas comunales), lo que constituye una grave distorsión del sistema republicano, uno de cuyos principales elementos es la separación de poderes.

La administración de presupuestos y personal forma parte de sus funciones administrativas, lo que agrava significativamente la deformación republicana de nuestro régimen municipal. En consecuencia, en vez de estar pendientes de la buena marcha de la administración de sus municipios, los representantes están preocupados por la obtención de partidas para la realización de obras de dudosa conveniencia y la repartición de dádivas a los electores de sus corregimientos.

El sistema de representación popular instaurado en 1972 es uno de los legados militaristas más nefastos. Por ello, mejor servicio le haría al país si, en vez de proponer un cambio al período de espera para reelegirse, el Presidente promueve la reforma integral de este sistema de corrupción y clientelismo.

La restricción a la reelección presidencial vigente, por dos períodos constitucionales, no es herencia de la dictadura. Viene de la Constitución de 1946, derrocada por los militares en 1968. (A pesar de ello, se mantuvo en la carta política de 1972, desde sus inicios).

Su propósito es evitar el continuismo, identificado desde la antigüedad como uno de los peores males que pueden aquejar a la comunidad política. Por eso se instituyó también, desde mucho tiempo atrás, la prohibición de que el Presidente sea sucedido por parientes cercanos, a través de los cuales pueda seguir influyendo en la administración pública.

Como esta prohibición se adoptó inicialmente en tiempos en que las mujeres no votaban ni ejercían cargos públicos, no se consideró necesario incluir en la prohibición al cónyuge del Presidente.

Ahora, las circunstancias son distintas. Esa sería otra reforma que habría que incorporar, cuanto antes, a la Constitución, para que quede absolutamente claro que el o la cónyuge del mandatario no puede ser elegido Presidente o vicepresidente de la república en el período inmediatamente siguiente.

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