LECCIONES DE LA HISTORIA

Continuismo: Carlos Guevara Mann

En Panamá, como en otros países, varios gobernantes han intentado prolongarse en el poder, directamente o por interpuesta persona. Para lograrlo han torcido las reglas electorales, escogido como candidatos a títeres, puesto los recursos del Estado al servicio de la candidatura oficialista y cometido fraudes electorales, entre otros artilugios que poco han beneficiado al sistema democrático.

En 15 votaciones populares para Presidente efectuadas durante el antiguo régimen (1903-1968), solo dos veces se abstuvo el Ejecutivo de interferir directamente para imponer a un sucesor. En 1932, el Dr. Ricardo J. Alfaro mantuvo una encomiable neutralidad de cara a la contienda.

En 1960, a pesar de las presiones recibidas, el presidente Ernesto de la Guardia rehusó interferir en el proceso electoral a favor del candidato oficialista quien, por cierto, perdió la elección.

En las 13 votaciones restantes, el oficialismo maniobró abiertamente en pos de su continuidad. En tres de estas elecciones (1908, 1912, 1968), a pesar del apoyo directo del gobierno, su abanderado no logró imponerse.

Como resultado de las amenazas de intervención estadounidense, Ricardo Arias, candidato presidencial del oficialismo en 1908, se retiró de la contienda antes de la votación presidencial. Tras comicios “tormentosos y violentos” (según los historiadores Araúz y Pizzurno), en los que además intervinieron las fuerzas armadas de Estados Unidos, en 1912 el aspirante oficialista Pedro A. Díaz eventualmente admitió su derrota.

En 1968, las trampas y el acoso a la oposición no fueron suficientes para conseguir el triunfo de David Samudio, candidato del gobierno de Marco Robles, sobre Arnulfo Arias Madrid. En esa ocasión, la presión de una incipiente sociedad civil, organizada bajo el paraguas del Movimiento Cívico-Religioso, contribuyó a que se respetara el triunfo del Dr. Arias, a pesar de la cuantiosa inversión efectuada por el oficialismo para conseguir la victoria de su abanderado.

Pero en 10 elecciones presidenciales celebradas entre la fundación de la República y el golpe de 1968, el partido del gobierno consiguió su objetivo continuista. Esto ocurrió en 1916, 1920, 1924, 1928, 1936, 1940, 1948, 1952, 1956 y 1964.

Las artimañas electoreras, el hostigamiento a la oposición y el fraude electoral fueron mecanismos utilizados para desarticular las candidaturas opositoras. En 1928 y 1940, por ejemplo, los ataques del oficialismo condujeron a que los candidatos opositores renunciaran a sus aspiraciones.

Para asegurar la “victoria” del gobierno, en varias ocasiones se recurrió al fraude. Por estas y otras circunstancias, las credenciales democráticas del antiguo régimen no son muy sólidas.

Hasta ese carácter débilmente democrático se perdió tras el golpe de Estado militar de 1968, que instauró una autocracia fuertemente represiva. Cuando el régimen finalmente dispuso celebrar elecciones presidenciales en 1984, tras una veda de 16 años, empleó todos los ardides antidemocráticos del antiguo régimen, apuntalados con fuertes dosis de violencia y coerción.

Para asegurar la continuidad del autoritarismo castrense con un barniz levemente “democrático”, en 1984 se impuso en la Presidencia al oficialista Nicolás Ardito Barletta mediante un monstruoso fraude electoral. Ante la avalancha de votos recibida por la oposición, en 1989 la dictadura recurrió a la anulación de los comicios y la imposición de un régimen de facto sin ningún remilgo democrático.

Luego del desalojo de la autocracia castrense, el oficialismo ha ejercido alguna influencia para tratar de prolongar su control sobre el gobierno. Ha usado recursos del Estado para favorecer, disimuladamente alcandidato oficialista. Al final, ha respetado el triunfo de la oposición, que fue el caso en 1994, 1999, 2004 y 2009.

En esta campaña (2014), sin embargo, hemos visto al gobierno promover la candidatura de su abanderado más activamente que cualquiera de sus antecesores desde la transición democrática. Esto es preocupante, pues nos retrotrae a vivencias ya superadas de abierto mangoneo de los procesos electorales, experimentadas durante el antiguo régimen (1903-1968) y la dictadura militar (1968-1989).

Las lecciones de la historia son claras, por lo que vale la pena revisarlas. Quienes ejercen el poder en nuestro medio aspiran, casi inevitablemente, a prolongar su influencia más allá del período constitucional. Solo la acción efectiva y organizada de la ciudadanía y el rechazo de la comunidad internacional pueden impedir que sus pretensiones continuistas se concreten.

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