TRANSPARENCIA

Corrupción e impunidad: Franklin Castrellón

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Cuando el entonces candidato presidencial Ricardo Martinelli prometió en su propuesta “por el verdadero cambio” implementar “un sistema de motivación al ejercicio de la transparencia y castigo a la corrupción”, estoy seguro que no se nos ocurrió a quienes creímos en su oferta electoral que haría justamente lo contrario. En lugar de brindarnos transparencia, su gobierno pasará a la historia como el más opaco de la historia republicana.

La rendición de cuentas, tanto a los ciudadanos y los medios que los representan como a las instituciones llamadas a servir de contrapeso al Ejecutivo, es una obligación constitucional y legal. Lo es por una sencilla razón: quienes ejercen la función de gobernar administran dineros del pueblo y, en tal virtud, están obligados a responder con claridad y sin insultos, las solicitudes de información que se le hagan.

Los funcionarios que se niegan a atender las legítimas solicitudes de información y los cuestionamientos sobre el manejo de fondos públicos, violan la Ley No. 6 de 22 de enero de 2002, conocida como Ley de Transparencia, que obliga a las instituciones del Estado “a brindar, a cualquier persona que lo requiera, información sobre el funcionamiento y las actividades que desarrollan, exceptuando únicamente las informaciones de carácter confidencial y de acceso restringido”. Se trata de una obligación legal; no de una prerrogativa que el funcionario puede ejercer a discreción.

Como bien dice el sociólogo y escritor mexicano José Luis Reyna en un artículo titulado Opacidad y corrupción, “la opacidad y la corrupción están hechas la una para la otra”. En el caso panameño, la opacidad en la gestión del Estado se ha fortalecido por el control que mantiene el Ejecutivo sobre los tribunales responsables de velar por el cumplimiento de la ley, porque estos están subordinados a él. Tampoco pueden los ciudadanos acudir a las instituciones llamadas a servir de contrapeso, por la misma razón, lo que configura un escenario propicio para la impunidad.

A la situación señalada se añade el hecho de que la Secretaría de Comunicación del Estado, llamada a velar para que se respete “el derecho a la información”, ha establecido una política de silencio, ante las demandas de información sobre temas de interés público que hacen los medios independientes. Esta política, evidentemente avalada por el Ejecutivo, la ha llevado a prohibir o condicionar la participación de funcionarios en algunos programas de opinión.

Paralelo a esa política se ha implementado una administración selectiva del presupuesto de publicidad del Estado, dirigida a castigar a los medios independientes y a premiar a los “aliados”. Estos, para mantener el respaldo financiero, hacen mutis de los escándalos develados por medios independientes, en un meritorio ejercicio de lo que se conoce como periodismo investigativo. Al justificar esta práctica, voceros del gobierno afirman que la costosa propaganda política es su estilo de rendir cuentas; lo absurdo de semejante tesis salta a la vista.

En la vena señalada, hace poco una ministra dio a entender que ir a los medios es perder el tiempo, y que ella solo lo hace cuando no tiene asuntos más importantes en su agenda. Para ella, la rendición de cuentas no es una responsabilidad.

En el escenario descrito, la Secretaría de Comunicación (que bien pudiera llamarse Secretaría de Propaganda) ha inventado la figura de los gladiadores para reemplazar la responsabilidad de los funcionarios ante los medios. Estos también han invadido algunos espacios de opinión de alta sintonía y los sondeos, con el evidente propósito de proyectar la impresión a los ciudadanos de que el gobierno tiene muchos defensores espontáneos.

A pesar de todos los obstáculos contra la transparencia en la administración del Estado, el periodismo investigativo ha sacado la cara, ganándose ampliamente el respeto y credibilidad de la ciudadanía.

¿Qué recurso queda a quienes pretendemos que en el gobierno impere la transparencia? Sencillamente, seguir denunciando y haciendo docencia, como lo están haciendo ciudadanos y periodistas en medios independientes. Y confiar en que el electorado sabrá elegir en el futuro a líderes políticos que no solo hagan propuestas atractivas sino que sean respaldas por su trayectoria ciudadana y política.

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