MALESTAR CIUDADANO

Corte Suprema, estado de derecho y ética: Rafael Spalding

Es importante conocer y comprender el reciente incidente registrado en la Corte Suprema de Justicia de Panamá (CSJ), causado por Alejandro Moncada Luna, el magistrado presidente.

Ojalá se convierta en un punto de referencia alrededor del cual el comportamiento ético en Panamá comience a tomar un giro hacia el “correcto proceder” de nuestros conciudadanos. A continuación presentamos una breve descripción del caso.

El 31 de octubre de 2013, Moncada Luna, junto con dos magistrados suplentes de la CSJ, Efrén Tello y Gabriel Fernández, firmó un acto que desautorizaba al Tribunal Electoral (TE) en un tema estrictamente electoral.

Doce días más tarde, Moncada Luna, junto con los magistrados Víctor L. Benavides y Luis Ramón Fábrega, firmó un acto que, en efecto, retira la desautorización al TE.

Personas respetadas y doctas en la ley, magistrados y exmagistrados del TE y de la CSJ, abogados constitucionales, miembros del Colegio Nacional de Abogados y otros ciudadanos opinaron en los medios noticiosos que tanto Moncada Luna como los magistrados suplentes violaron la Constitución Política de Panamá al desautorizar al TE en asuntos electorales.

Algunos agregaron que también irrespetaron el Código de Ética de la CSJ y la ley.

En efecto, el acto del 12 de noviembre de 2013 corrige el error cometido en el acto del 31 de octubre de 2013, pero no atiende su ilegalidad.

Hay dos posibles razones por las que Moncada Luna y los magistrados suplentes intentaron desautorizar al TE. La primera podría ser que desconocían los preceptos constitucionales pertinentes. La segunda, que no sabían los preceptos constitucionales pertinentes, pero decidieron ignorarlos.

La primera razón sería por ineptitud, la otra por sentirse superiores a la carta magna y a las leyes de la República.

Uno de los deberes más importantes de la Corte Suprema es proteger la integridad de la Constitución. Por eso, es una incongruencia inaceptable que los magistrados no entiendan o no respeten la razón de ser de esa entidad de justicia.

Los actos de los señores Moncada Luna, Tello y Fernández deben ser investigados para determinar si fueron incompetentes o malhechores. Cualquiera de esas dos faltas sería razón suficiente para removerlos de sus cargos. También es importante determinar si ellos actuaron solos o si otras personas tuvieron injerencia.

Los ciudadanos tienen interés en saber qué piensan los otros magistrados de la Corte, los que entienden y respetan su propósito y código ético. Es obvio que la existencia de magistrados desconocedores e irrespetuosos de la Constitución o violadores de la ética supone una seria amenaza a la integridad constitucional.

En un estado de derecho, donde existe respeto por la institucionalidad del Estado y la separación de los poderes del Gobierno, los puestos de relevancia como magistrado de la CSJ y muchos otros necesarios para administrar la cosa pública, no estarían ocupados por personas a las que se les ocurriera semejante barrabasada ni que osaran cometerlas. Sería innecesaria la movilización de ciudadanos responsables que protestan, y nadie tendría que perder tiempo escribiendo ni leyendo opiniones como esta.

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