CONNOTACIONES

¿Crisis en la administración de justicia?: Francisco Díaz Montilla

Las declaraciones de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia en relación con el proceso de selección del presidente de esta corporación han tenido al menos dos consecuencias: Una sobredimensión mediática de lo dicho, y una activación de grupos organizados, quienes –al tenor de lo declarado– demandan la renuncia de los nueve integrantes de la máxima corporación de justicia.

Tanto la proyección mediática de las declaraciones como las “desinteresadas” muestras de preocupación de quienes dirigen tales grupos refieren a la crisis en la que –palabras más, palabras menos– se encuentra sumida la administración de justicia en Panamá. ¿Pero es así?

“Crisis” es una palabra sobrevalorada, un tópico que revela cierta proclividad a la exageración, a visiones apocalípticas, a pesar de que –si nos atenemos a la definición que ofrece el Diccionario de la lengua española– semánticamente no habría lugar para tanto.

En efecto, la palabra “crisis” tiene siete sentidos, uno de ellos en desuso, y el resto no tiene las connotaciones presupuestas por quienes han sobredimensionado unas declaraciones que evidencian más bien una gran inmadurez por parte de quien las diera; de modo que no queda claro a qué se refieren los generadores de opinión pública y los dirigentes de grupos organizados cuando hablan de la crisis en la administración de justicia.

No está de más señalar que –en todo caso– la Corte Suprema es un componente de la administración de justicia; por lo cual las diferencias reales o ficticias que pueda haber entre sus miembros –so pena de la falacia de composición- no implica necesariamente que haya crisis, independientemente del sentido que se le quiera dar a esta palabra.

El artículo tres del Código Judicial identifica los distintos actores que de manera permanente ejercen la administración de justicia, siendo ellos –además de la Corte Suprema de Justicia– los tribunales superiores de justicia, los jueces de circuito, los jueces municipales, etcétera; así como las personas particulares que, en calidad de jurados, arbitradores o árbitros participen en las funciones jurisdiccionales. Incluye –también– a los agentes del Ministerio Público en calidad de funcionarios de instrucción mediante el ejercicio de la acción penal.

De modo que suponer la existencia de un estado de crisis en la administración de justicia, a partir de eventos noticiosos contingentes relacionados con un componente de dicha estructura, es a todas luces desproporcionado o exagerado.

Por supuesto, la Corte Suprema es la máxima corporación de justicia, y como tal está más expuesta a los avatares institucionales y políticos que el resto. Sin embargo, ello no implica que la administración de justicia en Panamá descansa sobre los hombros de nueve magistrados.

De hecho, según datos del Centro de Estadísticas Judiciales, entre enero y agosto de 2015 ingresaron al Órgano Judicial 103 mil 653 casos. Esto revela un índice de litigiosidad de más de 2 mil casos por cada 100 mil habitantes.

En el mismo periodo, 333 juzgadores resolvieron 97 mil 736. Se trata, pues, de funcionarios que –inmersos en una serie de limitaciones institucionales y presupuestarias– realizan las funciones para las que fueron designados por Constitución y por ley. Ello no sería posible si las voces pregoneras de crisis fuesen ciertas.

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