ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Críticas bienintencionadas: Ramiro Guerra Morales

Como ciudadano y profesional de la abogacía, he escrito de manera reiterada que la lucha contra la corrupción no puede dar tregua. El daño que se le hizo al país no tiene parangón en nuestra historia. Los estudiosos del tema destacan el perjuicio a los más necesitados, producto de ese saqueo, que provocó que se dejaran de hacer inversiones en renglones que tienen que ver con las necesidades básicas y elementales de los panameños.

Además de lo inmoral que constituyeron tales actos de corrupción, una gran parte de ese dinero, proveniente de préstamos adquiridos por el país, tendrá que ser pagada por la presente y la siguiente generación de compatriotas.

También he escrito que vivimos en un estado de derecho, constitucional, y que hay que respetar las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia, preservando la integridad de los que han sido señalados como presuntos autores de los ilícitos que integran el amplio espectro de la corrupción.

En ese contexto, los operadores de la norma legal, al igual que los encargados de investigar tales delitos, deben estar curados de interpretaciones antojadizas, subjetivas y represivas. Hace algún tiempo, escribí que una cosa es investigar y otra, reprimir el delito. Según la Constitución, los funcionarios de instrucción investigan. La represión corresponde a las autoridades de policía, en el sentido de fuerza legitimada por el propio ordenamiento legal, cuando para repeler una acción delictiva tenga que recurrir a ello.

Señalaba en aquella ocasión, que los personeros y fiscales debían cuidarse de confundir estos dos campos de acción contra el delito.

En las últimas semanas, he observado críticas contra el proceder de los funcionarios de instrucción, sobre todo, en cuanto a la aplicación de medidas cautelares. En lo particular, comparto la opinión de abogados y juristas panameños que indican que no se han dado los suficientes juicios de análisis en cuanto a los presupuestos que señalen la necesidad de aplicar la más dura medida cautelar, que es la detención preventiva. Sin embargo, dentro de este contexto, hay que hilar delgado para cuidarse de alguna campaña que, de manera intencional, procure demeritar el trabajo que lleva a cabo el Ministerio Público.

Tengo que señalar y admitir que los términos procesales y administrativos concurren a incubar una sensación de pesimismo, en cuanto al resultado de muchos de los procesos que se llevan adelante, pero así es la ley y hay que cumplirla. En ese contexto, todo el andamiaje de la justicia está en el ojo de la ciudadanía, que ansía resultados.

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