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DERECHO INTERNACIONAL

Desacato de Colombia, un dilema existencial: Roberto Montañez

El sistema de solución de controversias es esencial en la eficacia del derecho internacional, y la Corte Internacional de Justicia (CIJ), como organismo judicial de las Naciones Unidas, ha contribuido a la convivencia pacífica de la comunidad mundial. Colombia y Nicaragua discuten desde hace un siglo derechos jurisdiccionales sobre el mar Caribe, repartición al margen de Costa Rica y Panamá, que tienen derechos indiscutibles por la extensión de su plataforma continental y su zona económica exclusiva.

“Las reglas del juego se hacen antes, no después de haber empezado”, reza un viejo refrán de la jerga deportiva, por lo tanto, la declaración del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, de que en el futuro no acudirá a ninguna otra audiencia ante la CIJ desconoce al organismo garante del proceso de paz, incluso se juega gran parte de su éxito en las negociaciones con las FARC y la lucha contra el narcotráfico.

Precisamente, cuando están pendientes de resolución dos demandas expuestas por Nicaragua: una alega que Colombia no ha cumplido el fallo de 2012, con el que perdió en la delimitación marítima alrededor de 75 mil km2 del mar que antes controlaba, conservando algunas islas; más dos islotes en medio de una zona económica exclusiva ahora nicaragüense. En la segunda, Nicaragua pide a la CIJ fijar el límite de su plataforma en un punto medio entre San Andrés y la costa Caribe.

El Gobierno colombiano sostiene que la CIJ no tiene competencia para tratar los dos casos e interpuso una excepción preliminar de incompetencia, que fue fallada en su contra, recientemente, pues el retiro de ese país no tiene efecto retroactivo ni afecta la jurisdicción del organismo judicial, conforme a su estatuto y reglamento. La decisión de no volver a comparecer ante esta instancia judicial se sustenta en que desde noviembre de 2012 Colombia había manifestado su retiro del Pacto de Bogotá. Sin embargo, los retiros del pacto solo surten efecto un año después de notificados y el retiro de la CIJ por un Estado no está contemplado en el estatuto del órgano judicial de la ONU.

La posición de no respetar fallos que le sean adversos tras haber aceptado de buena fe la jurisdicción de la CIJ, invocando ahora la primacía de la Constitución sobre el derecho internacional pone de manifiesto las contradicciones del constitucionalismo colombiano en relación con el derecho y las tendencias del orden internacional. Si bien es cierto el Art. 4 de la Constitución colombiana no establece la prevalencia del derecho internacional, el Art. 9 destaca que es posible aplicar principios generales de derecho internacional enunciados en la Carta de la ONU y la Resolución 2625 de 1970. Los principios pacta sunt servanda y buena fe, establecen el cumplimiento de tratados suscritos por Colombia. Con el mismo tenor las convenciones de Viena sobre derecho de los tratados (1969 y 1986) son derecho positivo vigente y aplicable en Colombia. Si una ley interna desconoce un tratado internacional, el Estado colombiano incurre en responsabilidad internacional por incumplir una obligación convencional.

Este argumento inconsistente crearía una situación anárquica, porque los acuerdos internacionales se cambiarían mediante normas o procedimientos internos, lo que atenta contra la convivencia pacífica entre los Estados. Incluso se violaría la Convención de Viena que establece reglas sobre los compromisos internacionales.

Esta decisión política del Gobierno colombiano lo expone a una decisión por forfait al renunciar a la defensa en el pronunciamiento de la CIJ y, por tanto, estaría obligada por la Carta de la ONU y por el estatuto. Este desafió a la ONU no solo desconoce el aforismo jurídico del pacta sunt servanda y la doctrina jurídica elaborada de sus tratadistas internacionales, sino que genera incertidumbre y desconfianza en los Estados fronterizos, como Panamá.

El internacionalista colombiano Marco Monroy Cabra coincide que el análisis doctrinal y jurisprudencial de lo previsto en las convenciones de Viena sobre derecho de los tratados, un Estado no puede alegar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Igualmente, se deduce del incumplimiento de un fallo judicial que genera responsabilidad internacional para el Estado respectivo.

Colombia caería en desacato en el incumplimiento de los sucesivos fallos de la CIJ, violando la juridicidad internacional y el derecho internacional. Incluso Nicaragua podría exigir sanciones u otras medidas coercitivas para obligar a Colombia a cumplir lo que obtuvo de la CIJ, recurriendo ante el Consejo de Seguridad, que ciertamente presionaría por la solución pacífica de la controversia.

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