DISTRIBUCIÓN DE RIQUEZAS

Desarrollo económico y bien común

Las condiciones transitorias de la vida humana, o sea, sus necesidades de subsistencia, plantean la elaboración de un programa económico y social, tanto público como privado, para resolver los problemas que estas exigencias implican en cada país y en cada periodo histórico. Por eso, se ha hecho necesario asumir, en toda sociedad organizada, responsabilidades políticas y económicas según la ideología social imperante en ese momento.

En Panamá, por ejemplo, nos regimos por las prácticas del mercado, propiedad privada, provecho individual, libre competencia, derecho laboral y la libertad, lo que llamamos un régimen democrático y capitalista. El Estado se guía por la Constitución en el ejercicio de sus poderes, supuestamente, con justicia y equidad. Pero lo cierto es que un capitalismo sin consciencia social pronto se convierte en una dictadura económica del mercado libre, creando condiciones duras para los más pobres.

Así, se hace necesario un orden jurídico basado en esos principios de justicia social para armonizar esas actividades económicas, subordinadas al bien común, con equidad y honestidad.

El régimen capitalista y democrático no debe convertirse en obstáculo para el buen uso y distribución de las riquezas, producto de los bienes materiales y del trabajo individual, necesarias para satisfacer las necesidades diarias de los ciudadanos. El progreso económico y social que esto atañe, se fundamenta en reducir la pobreza y los desniveles sociales, en el marco de la libertad y sin recurrir a la tiranía política. Lo importante es no coartar la riqueza espiritual de la libertad so pretexto de regular el complejo mundo de instituciones económicas, políticas, profesionales, sociales, culturales, recreativas, etc., que conforman un Estado moderno, para asegurar su desarrollo económico y social.

El bien común abarca todo ese conjunto de instituciones y condiciones socioeconómicas de un país, que permiten al capital y al ciudadano producir y distribuir las riquezas creadas en común acuerdo, para gozarlas plenamente en su vida individual, pues son fruto tanto del capital y del trabajo. Los grandes desequilibrios en Panamá contradicen ese marco jurídico-constitucional que nos rige y son contrarios a la función social de la economía, que no debe funcionar sin equidad y justicia. Esto se refleja en la agricultura, servicios públicos, educación, sanidad, seguridad social, etc., todos blancos de constantes y merecidas críticas.

Estos males no surgen de una ideología equivocada, nuestra democracia liberal, sino más bien de imperfecciones del sentido ciudadano. Prescindir de este fundamento indispensable nos priva del bien común que buscamos, como nación. Un ciudadano, con consciencia social es de perenne eficacia para el funcionamiento de las múltiples instituciones del régimen democrático capitalista. Al prestar su valiosa colaboración, esta procura además que los otros ciudadanos se convenzan de su eficacia práctica para resolver los problemas que nos afectan como país. Por lo tanto, seamos todos buenos ciudadanos.

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