INCUMPLIMIENTO

Descuentos a los jubilados: Domingo Espinosa G.

Es grandioso que toda persona que trabaje durante más de 30 años, cumpla con el pago de las cuotas a la Caja de Seguro Social y alcance la edad estipulada, se retire del servicio activo mediante una merecida jubilación.

Como una manera de compensar a estos ciudadanos, el Estado promulgó la Ley 51 de 2006 y la Ley 42 de 1999, que les otorgan beneficios especiales de descuento a todo panameño que haya cumplido con los requisitos establecidos para acogerse a estos, y disfrutar de lo que llaman “la edad dorada”.

Pero resulta que esos beneficios a los que se refiere la ley, la persona ya se los ganó por su trabajo meritorio en el sector público o privado, y no deben verse como una regalía, porque forman parte del capital humano que ha llevado al éxito a muchas empresas o instituciones.

Pues bien, el Gobierno como administrador del Estado creó esos beneficios en agradecimiento a los beneficiarios, y están tipificados en el artículo 1 de la Ley 6 de 1987, en la Ley 14 de 2003, y en la Ley 37 de 2001.

La legislación establece que, además de los jubilados, toda mujer mayor de 55 años y hombre mayor de 60 años tienen derecho a que se les hagan los descuentos respectivos.

La tabla tiene una clasificación clara de los descuentos, a saber:

1. Actividades de recreación y entretenimiento tendrán un 50% de descuento.

2. Transporte público: autobuses, 30%; lanchas, 30%; pasajes aéreos, 25%

3. Hoteles, moteles, y pensiones, 50% de lunes jueves; 30% viernes, sábado y domingo.

4. Restaurantes, 25% del valor individual.

5. Comidas rápidas, 15%.

6. Hospitales y clínicas privadas, 15%.

7. Medicinas en farmacias, 20%.

8. Servicios profesionales y técnicos, 20%.

9. Trámites de cierre de comisiones bancarias, 50%, y otros.

Sin embargo, en la práctica y en franca violación a las leyes nacionales, los jubilados, pensionados y las personas de la tercera edad constantemente son reprimidas, insultadas y hasta exhibidas, públicamente, cuando solicitan los descuentos a los que tienen derecho por ley.

Hay establecimientos comerciales que se niegan a aplicarlos dizque porque no lo tienen en su tabla. Incluso algunas franquicias internacionales de comida rápida incurren en este comportamiento doloso.

El transporte colectivo de autobuses hacia el interior, con frecuencia, se niega a acatar esta ley, de forma que cuando algún beneficiario reclama su ajuste, amenazan con bajarlo del vehículo, y no hay autoridad que lo respalde ante este abuso.

El asunto va más allá, porque los conductores discriminan a nuestros hermanos ngäbe buglés y de otras etnias, a quienes no les dispensan un trato humano. Incluso, en ocasiones les cobran de más o los bajan del autobús, sin importar la edad o la condición física. Todo esto, ante la mirada cómplice e inhumana de los otros pasajeros.

Pues bien, a pesar de que la ley que favorece a las personas de la tercera edad establece la tabla de descuentos descritos, estos se aplican de una manera caprichosa. No se ajustan estrictamente al porcentaje establecido, pero siempre en beneficio del dueño del negocio.

Es decir, echan mano de todo tipo de triquiñuelas con tal de cobrar lo que ellos consideran que se les debe pagar.

Esta actitud, además de ilegal es incomprensible, toda vez que la ley establece que todos los descuentos son deducibles del pago del impuesto sobre la renta.

Por esto, me parece oportuno recordarle a los administradores de instituciones, como la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, de la Defendería del Pueblo y de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre –a las que les corresponde vigilar el comportamiento inadecuado de los empresarios y transportistas que violan la ley– que cuando se presentan quejas de los afectados, ellos deben darle trámite ágil y actuar en derecho, porque una justicia tardía, no es justicia.

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