‘’HABEAS CORPUS’ EN ELCASO ODEBRECHT

Diferencias entre el MP y la CSJ

Nuestra condición de abogado litigante y expresidente de la Corte Suprema de Justicia durante cuatro años (1990 a 1994) me induce a comentar las diferencias surgidas a propósito de solicitud que le hiciera la señora procuradora general de la Nación a dicha entidad de justicia. Lo cierto es que la procuradora se limitó a solicitarle a la Corte Suprema de Justicia, la pronta decisión de sendas acciones de habeas corpus, que prevé el artículo 23 de la Constitución, interpuesta por todo individuo detenido fuera de los casos y la forma que prescribe la Constitución y la ley, ya sea preventivamente, o por la Policía in franganti, o por una autoridad competente. También procederá el habeas corpus “cuando exista amenaza real o cierta contra la libertad corporal, o cuando la forma, detención o el lugar en donde se encuentra la persona, pongan en peligro su integridad física, mental, moral o infrinjan su derecho de defensa”. Tanto, o más importante que todo ello, es que la acción deba tramitarse con prelación a otros casos pendientes, mediante procedimiento sumarísimo, sin que el trámite pueda ser suspendido por razón de horas o días hábiles, conforme lo dispone el artículo 23 de la Constitución.

De todo lo anterior se infiere que, en uno u otro caso, el habeas corpus requiere que su inmediatez de lugar a que dentro del propio contenido de dicha acción, se determinen los derechos que se atribuyan o hayan sido violados por el individuo, preferiblemente que constan en las garantías fundamentales previstas en el capítulo I del Título II de los derechos Individuales de la Constitución.

Con frecuencia ocurre que ni el abogado del individuo afectado, y mucho menos el propio individuo afectado, señale o determine y/o explique cuáles fueron las garantías que a su juicio le fueron violados o la orden que le haya sido impuesta. Más aún, mi experiencia profesional me indica que el habeas corpus se utilice, no pocas veces, en nuestro medio como medida para retardar la detención de una persona, así como ocurre que se interponga más de un habeas corpus a favor de la misma persona, sin que por ello se sancione al abogado. Nada impide, pues, que la procuradora haya pedido a la Corte Suprema que le indique o señale las circunstancias como fueron supuestamente violados al individuo sus derechos, o exista una amenaza real o cierta contra su libertad corporal. Tampoco impide que el Ministerio Público y sus fiscales conozcan tales violaciones, máxime en un caso como el de Odebretch, cuyo contenido surgió de hechos y relaciones que se cumplieron en Brasil, Estados Unidos, Panamá, Suiza, etcétera, cuyos nombres no debieron conocer los ciudadanos de tales países, máxime cuando las autoridades de Brasil impusieron como condición a Panamá y a cada uno de los demás países vinculados al caso Odebretch, que no se mencionaran nombres o personas que recibieron coimas o dineros procedentes de su actividad económica.

Para terminar: no es que nosotros pretendamos evitar el conocimiento al público de los nombres de los individuos que recibieron sobornos o coimas de la empresa Odebretch, siempre que ello se haga en el momento oportuno que señale el Ministerio Público y los fiscales, o que la Corte Suprema se haya visto dilatada porque siendo cinco los procesos afectados, la acumulación de los mismos, que se estableció en este caso, dificulta o retarda los procesos, pese a que el artículo 720 del Código Judicial dispone que pueda ordenarlo de oficio el mismo tribunal, razón de más para que en este caso no se haya dilatado la acción de habeas corpus en los términos en que lo hizo la Corte Suprema de Justicia.

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