SOBREPOBLACIÓN CARCELARIA

Emulando prisiones del siglo XVIII: Theodore James

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Emulando prisiones del siglo XVIII: Theodore James

Resulta desalentador para quienes vivimos en el siglo XXI observar a nuestro gobierno revivir anacrónicas prácticas carcelarias propias del siglo XVIII. Eso fue lo que me vino a la mente cuando el presidente de la República, Juan C. Varela, anunció la construcción de una “prisión de alta seguridad” en una de las islas del archipiélago de Las Perlas.

Es obvio que alguien del equipo de asesores del Presidente tiene una mentalidad propia del siglo XVIII, y no se da cuenta de que las islas penales como Tasmania, la Isla del Diablo, Alcatraz y Coiba, por mencionar algunas, forman parte de un vergonzoso pasado. Hoy día son sitios históricos, museos o parques naturales, solo recordados como monumentos al trato inhumano de prisioneros. Panamá no necesita más prisiones, menos en islas de un archipiélago con tan extraordinario potencial turístico.

Un Gobierno que ganó de forma legítima las elecciones, con el eslogan “El pueblo primero”, debería estar más empeñado en buscar fórmulas para reducir las sobrepobladas cárceles. Virtualmente no hay familia de la clase trabajadora que no tenga una historia que contar de algún familiar que sea víctima de injusticia, de falsas acusaciones, a la espera de juicio en prisión, superando el tiempo de la pena máxima del delito que se le imputa, o de lidiar con abogados inescrupulosos, de los que abundan en el sistema judicial y carcelario.

Un gobierno que se precia de velar por “El pueblo primero” debe enfocarse en identificar vías prácticas para reducir la población carcelaria. Más de la mitad de los privados de libertad no ha sido sometida a un juicio. Parte del problema recae en la fuerza pública, corregidores y jueces. Es bien conocido, incluso a nivel internacional, que la policía tiende a detener y acusar a individuos con récord policivo; esto le permite cerrar rápidamente un caso y mejorar las estadísticas criminales.

En cuando a los corregidores, con frecuencia se designa en tales cargos a miembros de un partido político, sin la menor capacitación. Por eso, suelen aceptar la acusación formulada por un policía, como verdad incuestionable. Es posible que esa conducta sea un resabio de los 21 años de dictadura militar que sufrió Panamá y sus ciudadanos. Tales prácticas crean un círculo vicioso, en el que los prisioneros –sin haberse sometido a un sistema científico de resocialización– salen libres para volver a ser detenidos en las próximas semanas o meses.

En el sistema judicial panameño, tanto los abogados como los jueces contribuyen con la sobrepoblación carcelaria, unos mediante la introducción de interminables apelaciones, y otros dilatando los fallos. En los modernos sistemas judiciales, los integrantes de la fuerza pública y las autoridades de policía suelen ser amonestados por jueces y magistrados cuando llevan a los acusados de faltas triviales o de presuntos delitos sin presentar evidencias. Todos estos elementos se suman para aportar su cuota a la enorme sobrepoblación de las cárceles, mientras el costo de mantener a los reos panameños y extranjeros lo sufragamos quienes pagamos impuestos. En el caso de los extranjeros, el Gobierno debería impulsar acuerdos bilaterales con países vecinos para el intercambio de prisioneros y velar por su efectivo cumplimiento.

En lugar de emular la política del expresidente Ricardo Martinelli de construir más prisiones, el actual Gobierno debe reunirse con las autoridades del Ministerio Público y el Órgano Judicial para diseñar y ejecutar un plan coordinado que resuelva los casos pendientes. La Corte Suprema de Justicia debe instruir a los jueces para que abandonen sus oficinas refrigeradas y visiten las cárceles, con personal de apoyo para revisar caso por caso, agilizar los que estén pendientes y liberar a aquellos detenidos de forma injusta.

Además, el Órgano Judicial podría iniciar una gestión conjunta con el Colegio Nacional de Abogados y las universidades, para proporcionar defensores de oficio a los reos que no cuenten con dinero para financiar este servicio. De otra suerte, los asesores del gobierno “El pueblo primero” terminarán imponiendo su tesis del siglo XVIII o reviviendo las prisiones portátiles, que implementó el pasado gobierno.

Si estos genios de la política criminal terminan imponiendo sus ideas, más temprano que tarde veremos prisiones portátiles instaladas en sitios turísticos como Guna Yala, Bocas del Toro o el lago Gatún. Después de todo, estas no son más que una adaptación de las antiguas cárceles flotantes de Australia, Inglaterra, Francia y Estados Unidos.

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