MINISTERIO DE SEGURIDAD

Estadísticas inconsistentes: Jean Marcel Chéry

El Ministerio de Seguridad Pública ha dado a conocer cifras oficiales sobre un “estudio” que hizo una dependencia de esa entidad, conocida como Dirección Institucional de Asuntos de Seguridad Pública (Diasp), a cargo de Luis Zegarro; pero la información presenta una gran cantidad de inconsistencias.

La Diasp tiene tres importantes funciones: tramitar los permisos de armas de fuego, aprobar y supervisar el funcionamiento de las agencias de seguridad y establecer controles para la importación y el manejo de explosivos. Su “estudio” se centró en las armas de fuego encontradas o decomisadas por la Policía Nacional (ya sea la regular o la Dirección de Investigación Judicia) y, supuestamente, relacionadas con algún delito en las investigaciones que realiza el Ministerio Público.

Los resultados de ese “estudio”–cuya difusión le ha tocado hacer a Zegarro– no solo son contradictorios, sino que carecen de lógica o sentido, lo que hace especialmente grave que se haya divulgado, como oficial, ante la población panameña.

El director de la Diasp ha dicho que levantó esas cifras con los oficios (comunicación escrita) que el Ministerio Público le entregó sobre el estatus de cada arma. El 5 agosto de 2015, el director de la Diasp informó a varios medios y periodistas (incluyendo un email que me envió en esa fecha) que 481 armas estaban vinculadas con delitos cometidos en 2013 e investigados por el Ministerio Público, y se “desconocía la procedencia de 104”, mientras que “287 eran armas legales” y “90 eran armas ilegales”. Un mes después, en septiembre de 2015, Zegarro difunde en TVN un cuadro estadístico de las mismas 481 armas decomisadas o encontradas en 2013 por las autoridades y vinculadas a delitos, pero con un desglose diferente: “5 armas no especifica [su procedencia]”, “322 armas estaban registradas” (un mes antes las llamó legales) y “154 armas eran ilegales”.

Zegarro también detalló que en 2015 el Ministerio Público reportó 433 armas encontradas o decomisadas vinculadas con delitos, mientras que la Policía Nacional informó que del 1 de enero hasta el 26 de diciembre de 2015 había decomisado mil 561 armas, lo que significa que la Diasp ha estado dando, como oficial, lo que a todas luces es un subregistro. Esas estadísticas, a mi juicio viciadas, han llevado al Ministerio de Seguridad a concluir que en el año 2015 el 71% de las armas usadas para delinquir tenían un estatus de “legal” o “registrada”. Esa afirmación es irresponsable y temeraria porque se hace sin tomar en cuenta las otras mil 128 armas que la Policía Nacional decomisó en 2015, y que la Diasp ignoró olímpicamente, quitándole cualquier valor científico a ese “estudio”.

Las contradicciones, inconsistencias e imprecisiones en estas “estadísticas oficiales” del Ministerio de Seguridad Pública me motivaron a solicitarle información, basado en la Ley de Transparencia, a esa institución sobre esos datos y la metodología utilizada para su elaboración.

Si es verdad que 7 de cada 10 armas vinculadas con delitos eran legales, sus dueños debían estar plenamente identificados; si eran armas legales, ¿esos procesos terminaron en condena para sus propietarios? y si fueron hurtadas o robadas, ¿se devolvieron a sus dueños?, fueron algunas preguntas que les hice. Pasaron más de cinco meses desde que entregué mi solicitud de información pero el Ministerio de Seguridad Pública las ha ignorado; por lo que cabe presentar acciones de hábeas data ante la Corte Suprema.

La falta de transparencia, la hostilidad de los directores de Relaciones Públicas del Ministerio de Seguridad Pública y de la Diasp, y el manejo irregular de estadísticas de este ministerio hacen entender por qué la población no cree que haya disminuido la delincuencia. En julio del año pasado, cuando el entonces ministro de Seguridad, Rodolfo Aguilera, me pidió que revisara los datos oficiales sobre homicidios del primer semestre de ese año, observé que coincidían con los que yo levanto y así lo dije, públicamente, en una entrevista en Telemetro. A partir del siguiente mes (agosto de 2015) reparé que algo raro estaba pasando con las cifras oficiales y lo hice saber al Ministerio de Seguridad. Desde ese momento, comenzaron a negarme información. En lugar de corregir, su decisión fue encubrir.

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