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CONTROVERSIA

Estatuas y patrimonio: Carlos Guevara Mann

Casi dos terceras partes (62%) de los encuestados por La Prensa, según el sondeo de opinión cuyos resultados se publican hoy, se opone a la construcción de la estatua de Santa María la Antigua que el Gobierno Nacional, la concesionaria brasileña Norberto Odebrecht y la Iglesia católica programan construir en la calzada de Amador. Entre los motivos que explican el rechazo, expuestos en los medios de comunicación, se intuye que el público interpreta la obra como un derroche de recursos públicos y privados que contraría los planteamientos de sencillez y humildad que el papa Francisco ha destacado en sus declaraciones desde que en marzo pasado asumió la cátedra de San Pedro.

Se argumenta también que la erección del monumento implica una intervención estatal en asuntos religiosos. La tradición liberal –sobre la que se sustenta, en gran medida, el andamiaje constitucional de la democracia– se opone a ese tipo de intervenciones, por considerar que la religión corresponde a la esfera privada. Según esta tradición, no corresponde al Estado dictaminar qué creencias deben abrazar los ciudadanos ni influir en sus orientaciones religiosas (particularmente, habría que añadir, cuando los personeros del Estado son los menos indicados para dar a la ciudadanía ejemplos de moral teológica o virtud cristiana).

Desde una perspectiva urbanista, se aduce que la construcción de la estatua agravará los problemas de flujo vehicular y aglomeración en la calzada de Amador, cuya esencia e integridad, por cierto, ya han sido gravemente alteradas por la especulación inmobiliaria. Además, se señala que las dimensiones “colosales” de la obra trastocarán la estética de un área emblemática de la capital.

A estas razones habría que añadir un cuarto motivo, que apunta hacia la incoherencia que representa invertir varios millones de dólares en la construcción de una obra, bajo el supuesto de que añadirá un componente de consideración al patrimonio nacional, mientras que elementos fundamentales de ese mismo patrimonio se encuentran prácticamente en ruinas. Más coherente hubiese sido destinar los recursos –públicos y privados– que acaparará la edificación de la estatua a la rehabilitación de los templos históricos de la República, sobre todo al conmemorarse el quinto aniversario de la fundación de la primera diócesis de Tierra Firme, tras la emisión de la bula Pastoralis officii debitum por el papa León X el 9 de septiembre de 1513.

Es lícito que el Estado aporte a dicha rehabilitación por cuanto los templos son, además de locales para el culto religioso, sitios de valor histórico, cultural y artístico, por lo cual constituyen elementos del patrimonio nacional. Así lo ha reconocido la ley en varios casos, como en los de los templos parroquiales de Natá de los Caballeros, Taboga, Parita, La Villa de Los Santos, Portobelo, San Francisco de Veraguas, Las Tablas, Remedios y Chimán, lo mismo que la iglesia de Cristo en Colón y varios templos del distrito histórico de Panamá, conjunto monumental inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco, cuya condición actual, por cierto, es catastrófica.

En la actualidad, varias de estas iglesias se encuentran en una situación ruinosa. El estado estructural de la Catedral Metropolitana de Panamá –el más representativo de dichos sitios, por ser la sede actual del obispado creado en 1513– ha sido calificado como una “vergüenza nacional” por el Comité de Amigos de Iglesias del Casco Antiguo. Otros templos del distrito histórico, como los de San José, La Merced, San Francisco de Asís y San Felipe de Neri, “presentan un avanzado estado de deterioro” (La Prensa, 15 de agosto).

Para conmemorar dignamente el quinto centenario de la creación de la diócesis de Santa María la Antigua hubiese sido más coherente con los fines del Estado emprender la restauración y puesta en valor –en todo sentido– de estos templos. No solamente es urgente restaurar sus estructuras sino, además, rescatar dichos locales como centros de actividad espiritual y cultural, objetivo hacia el cual hubiesen podido colaborar, con toda legitimidad, el Estado y las organizaciones religiosas, actuando cada cual en el ámbito de su competencia.

En vez de ello –y mientras los sitios históricos más simbólicos de la nación se ven menoscabados por la desidia y la ignorancia– se ha dispuesto construir una obra rechazada por la ciudadanía. Quiera Dios que la controversia suscitada motive, en tiempos venideros, a una mayor conservación y valorización del patrimonio nacional.

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