INEFICIENCIA

¿Para qué sirve la Fiscalía Electoral?: Juan Manuel Castulovich

En un artículo reciente comentaba el anuncio, hecho con bombos y platillos por el presidente del Tribunal Electoral (TE), en el que declaraba su decisión de iniciar una “investigación exhaustiva, hasta las últimas consecuencias”, para establecer cuáles ministerios y entidades autónomas violaron el Código Electoral, al rebasar los límites permitidos para la propaganda oficial durante los procesos electorales.

El pomposo anuncio del magistrado Erasmo Pinilla –de por sí risible, por cuanto en el mismo se decía que, como resultado de la investigación, el TE podría ordenar la suspensión de la propaganda excesiva, aparte de imponer multas ridículas a los responsables– ha sido enviando a un limbo procesal por otro acucioso funcionario: el flamante fiscal general electoral, quien, palabras más, palabras menos, ha dicho que nada puede hacer “si no se le demuestra” –por el TE– que alguien, persona o institución, cometió algún delito.

El Código Electoral (ver el Art. 194), expresamente prohíbe a las instituciones públicas divulgar “cuñas, anuncios o cualquier tipo de publicidad o propaganda”, que exceda al promedio que “hayan tenido durante los seis meses anteriores a dicho proceso electoral”.

Que durante el pasado proceso electoral, los ministerios y otras entidades se saltaron los límites legales sobre propaganda oficial, cuantas veces les vino en ganas, fue un hecho público y notorio, pero además comprobable con solo recabar de los medios de comunicación social los registros que debieron llevar, por ordenárselos el mismo artículo citado, “para los efectos de control y verificación por el Tribunal Electoral”.

La comprobación de los excesos, si el TE hubiera querido verificarlos cuando importaba y tenido la intención de frenarlos, era como coser y cantar; pero si ahora se nos dice, como quien descubre nuevamente el agua tibia, que van a empezar a averiguar para determinar responsabilidades, eso es una bofetada a la inteligencia colectiva.

Y si el TE ha vuelto a hacer el ridículo, como ocurrió con el proyecto de reformas al Código Electoral, qué se puede esperar de su famosa investigación, cuando la Fiscalía General Electoral, con prontitud digna de mejor causa, se margina de sus deberes y se niega a investigar. Este organismo, por mandato constitucional (ver el Art. 144), tiene las funciones siguientes: “2. Vigilar la conducta oficial de los funcionarios públicos (sic) en lo que respecta a los derechos y deberes políticos electorales. 3. Perseguir los delitos y contravenciones electorales”.

Si la Fiscalía General Electoral es “una agencia de instrucción independiente y coadyuvante del Tribunal Electoral”, con la misma autonomía que su titular reclama que se le reconozca, ante un hecho tan evidente como los excesos incurridos por el pasado gobierno, al usar y abusar de la propaganda oficial, su deber insoslayable era y es investigar a aquellos funcionarios y entidades que violaron las leyes electorales. Y si no cumple con esa función, a su titular corresponde sindicarlo por incumplimiento de sus deberes constitucionales.

Las violaciones cometidas por ministerios y otras entidades públicas, al sobrepasar de manera evidente y comprobable los límites de la propaganda oficial durante el pasado proceso electoral, así como los responsables de haberlas cometido, que no son otros que los titulares de ellas, requieren de menos alharacas y evasivas y sí de más acciones concretas, tanto de parte del TE como de su coadyuvante, la Fiscalía Electoral. Y si ambos se diluyen en justificaciones inconsistentes, bien cabe preguntar: ¿Entonces, para qué sirven?

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