EFICIENCIA Y COMPETITIVIDAD

Gestión privada de los servicios públicos

Si naciste entre 1984 y 1988, tal vez recuerdes cómo era la vida cuando existían el IRHE y el Intel, las empresas estatales que brindaban los servicios de electricidad y telefonía en Panamá, respectivamente.

De cuando en cuando escucho a alguien de la vieja escuela contar con nostalgia sobre cómo todo era mejor con el IRHE y el Intel, siendo el precio el argumento más común. Sí, se pagaba menos, pero no conocíamos el costo real que pagaba el país por falencias administrativas y burocracia estatal.

Cuando entré al sector eléctrico, hace ya 9 años, aún no se jubilaban los últimos “survivors” del IRHE, quienes me contaban cómo reutilizaban piezas ya desechadas para hacer reparaciones en las plantas y entendí que no era que la luz “se iba”, sino que los apagones eran programados porque el sistema no tenía capacidad de soportar el consumo. Mientras tanto, el país continuaba creciendo, pero el último gran proyecto de la época del IRHE, Fortuna, había sido construido en 1984 y no se dieron inversiones de envergadura hasta después de 1998. Aún hoy estamos llenando huecos de todo lo que se dejó de hacer en esos 14 años.

Hoy Panamá está en el escalón 50 de 137 y 3 para Latinoamérica y el Caribe, del Índice Global de Competitividad del World Economic Forum (WEF). Esta ponderación contempla 12 pilares, incluyendo infraestructura, en el cual Panamá está en el escalón 37. Según el WEF, esto va ligado a la eficiencia de los servicios eléctricos (56) y la penetración de la telefonía celular (6) e infraestructura portuaria (6), la cual también en Panamá es operada con modelos mixtos o privados.

Ahora, si hemos logrado todo esto en electricidad, telecomunicaciones y puertos, ¿por qué no buscar un progreso similar con los servicios de acueductos y alcantarillados, que son críticos para la salud y el desarrollo?

Recientemente vivimos una huelga en la que los funcionarios del Idaan decían luchar contra una supuesta privatización, así como la falta de equipos, insumos e incluso pagos que se les adeuda. Pero, ¿qué esperamos si hay $72 millones sin cobrar?

Aquí es donde digo que el que sea un servicio público, no quiere decir que tenga que ser gratuito. Hablamos de equipos enormes y sofisticados de uso intensivo que proveen un servicio que nuestra expectativa es que esté disponible las 24 horas y es vital para que ese progreso que hoy vemos sea realidad. Claro que se requiere dinero para pagar los mantenimientos predictivos, repuestos, expansiones y, por supuesto, para pagar salarios competitivos al recurso humano que lo hace posible y nada de eso pudiera hacerse si siguiéramos pagando la bicoca de los tiempos del IRHE y el Intel.

Para hacer una comparación justa, solo en 2017, las empresas que operan Bayano y Fortuna han pagado unos $45 millones al Estado en dividendos, habiendo invertido más de $1,000 millones desde la privatización para mejorar sus operaciones y aumentar su capacidad de generación. En contraste, tuvimos una tercera línea de transmisión retrasada por meses, y tres apagones nacionales solamente este año, originadas en el único componente del sector eléctrico que se mantuvo 100% estatal.

Por parte del gobierno no he escuchado de propuestas formales de privatizar el Idaan. De hecho, durante la huelga, la cual duró dos semanas, el presidente reiteró que esta institución no será privatizada. Aun así cada vez que se da alguna falla en el sistema se esparcen rumores malintencionados que buscan satanizar una privatización antes de que ocurra, mientras que comunidades pequeñas siguen bajo el modelo de acueductos rurales, lo cual es competencia del Ministerio de Salud.

Tenemos 20 años ya de participación privada en nuestros servicios públicos y los resultados sin duda han sido positivos.

Viendo todo esto, no me parecería tan trágico que los servicios de acueductos se abran a la libre competencia para que las empresas operarias tengan incentivos para brindarnos el servicio de calidad que todos nos merecemos.

La autora es miembro de Fundación Libertad.

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