EL MALCONTENTO

El Gobierno y la seguridad jurídica: Paco Gómez Nadal

Cuando solo se puede elegir entre lo peor y lo menos peor, la euforia dura poco. No es difícil medir la alegría por la derrota de Ricardo Martinelli (nótese que nadie habla del tal Arias) y lo que supone: el fin de un proyecto autocrático controlado por mafiosos y semimafiosos cuyo único leit motiv era el enriquecimiento propio y el emborrachamiento de poder (entre otros elixires a disposición en el mercado).

Tampoco es complicado ver las brechas en la euforia, porque lo que viene es parte de la mancuerna tradicional del poder en Panamá. Las opciones ganadoras eran pocas, y el país no estaba maduro para un vuelco radical en sus preferencias. De algún modo el electorado ha sido sabio, pero tendrá que tener paciencia a la hora de calibrar sus anhelos y la gestión política de los próximos años. No habrá sorpresas llamativas.

Sí creo que le toca a la sociedad civil empujar al presidente electo hacia derroteros civilizados. Es posible que los puestos claves de la economía vuelvan a manos de sus “dueños” tradicionales. De eso hay poca duda. Las entrevistas que ahora da a quien se lo pida el nefasto Papadimitriu revelan que los círculos del poder en un país tan pequeño y con una élite tan poco creativa son vasos comunicantes, que mantienen cerca del poder a los mismos personajes, aunque cambie el rostro visible del mismo. Todo un baño de realidad.

Tenemos, sin embargo, un inmenso margen de acción de incidencia en las políticas públicas sociales que, si bien no tendrán un tinte progresista sí deberían abandonar el tufillo de sacristía decimonónica para alistarse en el marco de una derecha un poco más moderna. Nadie podrá sorprenderse del carácter conservador de Varela, Blandón y compañía: todos provienen de entornos cerrados marcados por la Iglesia católica y por una mirada conservadora de la realidad. Eso, en todo caso, no los hace incapaces de evolución dentro de su arco ideológico, especialmente porque la sociedad panameña está pidiendo a gritos cambios importantes en las reglas del juego que marcan su devenir.

El marco en el que se pueden producir todos estos cambios es el de la seguridad jurídica de los derechos humanos. No entendamos por derechos humanos solamente los incluidos en la carta de Naciones Unidas. Los derechos humanos contemporáneos incluyen los tradicionales derechos individuales de marcado acento liberal, capitalista y occidental, pero también tratan de los derechos colectivos (los territoriales, los alimentarios, los de la salud, vivienda y educación o los ambientales, entre otros). Y es ese marco el que hay que reivindicar y bajo el que habrá que fiscalizar la labor del nuevo gobierno.

Esta dimensión incluye una mirada al pasado reciente y una proyección al futuro. La del pasado supone deshacer los entuertos en que nos ha metido el pasado gobierno. Por un lado, impulsar con agilidad los procesos de verdad, justicia y reparación relacionados con la violación de los derechos humanos en la última administración: desplazamientos forzados, asesinatos, violencia policial, agresiones sexuales por parte de funcionarios, negación de asistencia médica, agresiones a los derechos culturales de los pueblos originarios, racismo institucional e institucionalizado... También incluye cambios legislativos para respetar el marco del derecho internacional de los derechos humanos y, en ese sentido, las primeras leyes a modificar son las que limitan los derechos sindicales y la recién aprobada Ley 7 y ese nefasto artículo 40 que atenta directamente contra el principio de igualdad en el caso de personas de la comunidad de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (LGTB).

La mirada al futuro debería articular los mecanismos de derecho que equiparen la seguridad jurídica de los derechos humanos a la de los derechos comerciales y de inversión. Panamá ha tejido una tupida red legal y de facto que blinda a las grandes corporaciones nacionales y transnacionales con la disculpa de fomentar la inversión extranjera directa y así ser un país “confiable”. Pero no es decente ni justo que mientras las leyes relacionadas con las inversiones son de obligado cumplimiento, coercitivas y sancionadoras, las que cobijan a los derechos humanos (a todos los derechos humanos) son de papel toalla, no implican obligación de cumplimiento y están basadas en la impunidad estructural del sistema judicial.

Un país “desarrollado” es el que pone los derechos de sus ciudadanos por encima de los intereses lucrativos privados. Es cierto que no hay muchos Estados que sean un ejemplo en este campo, pero eso no es disculpa. Si Varela y los suyos quieren dejar una huella en la historia que vaya más allá de un puñado de letrinas, deberán estudiar, atender y hacer partícipe del cambio a una sociedad que hace tiempo que demostró que va por delante de sus gobernantes. Si José Mujica les parece un ejemplo demasiado a la izquierda para ponerse en marcha, quédense con las palabras del magistrado Pinilla: solo hace falta verdadera conciencia patriótica y honestidad para hacerlo bien. Lo demás es seguir alimentando la injusticia y la brecha social y eso, irremediablemente, termina mal.

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