LEY DE CARRERA DOCENTE

Huelgas en el sector educativo: Juan Planells

Nuevamente, los gremios magisteriales y las autoridades del Ministerio de Educación (Meduca) llegaron a un acuerdo que pone fin a otra huelga, en este caso una de las más extensas entre las frecuentes que hemos sufrido durante la actual administración. En el camino vuelven a quedar las pérdidas de un valioso tiempo de enseñanza que los estudiantes necesitan para formarse como ciudadanos responsables y productivos, en una sociedad cada vez más competitiva. Ya sabemos que como resultado de la paralización de labores, no importa la fórmula que pacten para tratar de recuperar el tiempo, nunca será suficiente, y lo ocurrido añadirá otra razón para explicar las deficiencias mostradas por los jóvenes en la evaluación de las competencias que deben ser adquiridas en la escuela.

Nada garantiza que esto no se repita en el futuro cercano. Paralizar las actividades escolares se ha convertido en una costumbre de los educadores para exigir atención a sus demandas, por lo general reivindicativas, y amparadas bajo el principio del respeto al derecho a huelga reconocido por la Constitución y los convenios internacionales sobre la materia.

En la evaluación de lo ocurrido, no parece justo culpar a la ministra de Educación por la incapacidad demostrada en el manejo armónico de relaciones con las asociaciones representativas de los educadores, durante todo el período de su ministerio.

Lo cierto es que, a pesar de que sobran las leyes y decretos, no hay una legislación que regule las relaciones colectivas, con disposiciones adecuadas para trabajar con las organizaciones sociales que representan a los educadores, para que normen las formas de presentar los pliegos de petición, procedimientos de conciliación, arbitraje y derecho a huelga, así como existe en el sector privado.

Cabe mencionar, como ejemplo, que hace algunos días se resolvió sin mayor trauma social un conflicto colectivo entre los obreros de la construcción y los empresarios, con la firma de un acuerdo de finalización de huelga que asegura las reglas de juego en materia laboral durante los próximos cuatro años, lo que extiende la estabilidad para el desarrollo de una actividad económica que mantiene su pujanza. En este caso se trataba de un conflicto con el sector sindical, considerado el más poderoso y agresivo del país, pero que manejado con capacidad negociadora y actuando sobre la base de un marco jurídico claro, permitió una solución práctica conveniente para ambas partes.

En educación, este lamentable y frecuente problema, que provoca daños irreparables en la formación de los estudiantes, no desaparecerá hasta que negociemos y aprobemos una “ley de carrera docente” que incluya el tratamiento de los conflictos entre ellos y el Meduca. La sabiduría de nuestros constituyentes establecía el compromiso de hacerlo, pero su trámite nunca se abordó con seriedad en las distintas administraciones públicas, a pesar de que en los diálogos por la mejora de la educación aparece como una aspiración pendiente desde hace buen tiempo. Ya en 1995 se incluía en la Ley Orgánica de Educación el Art. 276 que dice: “La carrera docente se establecerá mediante ley con participación del Meduca y de las asociaciones magisteriales”.

Ojalá la nueva administración en el gobierno atienda de manera valiente la negociación oportuna y definitiva de una ley de carrera docente que incluya las normas regulatorias que traigan estabilidad a la actividad. Debemos terminar este manejo autoritario en la toma de decisiones, anárquico en las declaratorias de huelgas y paros, y caprichoso en su solución, fundamentado muchas veces en chantajes y presiones de ambas partes.

También se podría incluir en la ley la posibilidad de premiar a los educadores que muestren un mejor desempeño, establecer una diferencia y señalar un camino hacia el progreso personal de aquellos con mayor entrega a su misión de formar jóvenes. Todo esto, siempre que se logre un salario básico que cubra las necesidades de los educadores para llevar una vida digna, de acuerdo con la responsabilidad de su misión.

Los últimos estudios del Banco Mundial revelan que en Panamá los educadores reciben salarios muy por debajo de profesionales y técnicos con créditos similares y menores responsabilidades sociales. Con el nuevo gobierno, que ha prometido abrir la participación de todos en un tema que es del interés general, se abre la oportunidad de avanzar unidos por la educación más allá del estéril debate entre los etiquetados como buenos y malos, para proponer fórmulas inclusivas que institucionalicen avances permanentes. La educación lo necesita.

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