PODER JUDICIAL

Humillados y ofendidos: Leonidas Constantino

No se trata de una crítica a la obra del gran novelista ruso Fiodor Dostoievski. Se trata de la reciente elección de los dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Cecilio Cedalise R. y Ángela Russo de Cedeño. Es evidente, el presidente, Juan Carlos Varela actuó, de forma honesta y cuidadosa, pues ambos magistrados, de acuerdo con todos los exámenes que realizaron, gozan de la calificación de excelentes. No obstante, aún persiste la inquietud del pueblo panameño que desconfía de la integridad de los nueve magistrados del poder judicial.

Esta inconformidad crece al punto de que ese poder ya no goza del respeto de la ciudadanía. Considerando que ha perdido credibilidad, y que a esto se añade la presencia de un Órgano Legislativo totalmente desprestigiado, a los panameños nos preocupa mucho el futuro del país.

Cuando hablamos de democracia pensamos en tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. La forma como se elige a los miembros de la Corte Suprema en Costa Rica es diferente. En aquel país, los miembros de la Corte Suprema son nombrados por la Asamblea y se exige la aprobación de dos tercios de los miembros. En Panamá los nombra el Presidente de la República, con el aval de la Asamblea Nacional. Esto significa que la elección de los magistrados de la CSJ está en manos de funcionarios políticos.

En Europa, para acceder al Tribunal Supremo de Justicia los magistrados son elegidos por el propio poder judicial. En España e Italia tienen una liga de jueces y magistrados que selecciona a los jueces y magistrados con las más altas calificaciones.

En Estados Unidos, el poder judicial está al mismo nivel que el Ejecutivo y el Legislativo. Acceder al Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos solo lo consiguen los que poseen las más altas calificaciones otorgadas por la liga de los jueces y magistrados. Ellos les presentan al presidente los jueces o magistrados con más altas calificaciones para su designación como miembro del Tribunal Supremo de Justicia.

Por lo anterior, considero que nuestros funcionarios judiciales están siendo humillados y ofendidos. Es imposible no pensar que la más cara aspiración de los jueces y magistrados sea acceder a la CSJ. ¿Cómo quedará su moral cuando se les cierra la puerta para su ingreso a la CSJ y ven que otros profesionales, que no pertenecen al poder judicial, son elevados a las más altas magistraturas?

Es evidente la frustración entre esos funcionarios que han dedicado toda su vida a servirle a la justicia. Estamos creando una generación de jueces y magistrados frustrados, porque contemplan cómo el poder judicial es pisoteado por la política irresponsable de nuestro país. Un poder desmoralizado en el que el hampa y la delincuencia actúan de manera incontenible, verdaderamente nos debe preocupar.

Y si la forma de seleccionar a los magistrados es humillante, otra situación muy grave es establecer el término de 10 años de ejercicio, porque esto los hace aún más vulnerables a los políticos. Es así, porque los funcionarios de judiciales son de carne y hueso.

No comprendo por qué se fija un término de 10 años para permanecer como magistrados de la CSJ. Es evidente que si el período de los magistrados fuese a perpetuidad –como ocurre en los países del primer mundo–, nuestros políticos temblarían ante ellos. Estaríamos, como en España e Italia, donde sí se respeta y se le teme a la justicia.

Esto lo comprenden nuestros políticos criollos; ellos saben los problemas que le ocasionó un juez al propio expresidente estadounidense Bill Clinton por sus intrigas con una secretaria. Qué diferencia con nuestros políticos, que no pueden disimular una sonrisa burlona cuando los citan las autoridades judiciales.

Nuestra graciosa Constitución de 1972 establece el término de 10 años para el ejercicio como magistrado de la CSJ, término totalmente absurdo.

Parece ser que los intereses personales privan sobre un poder judicial fuerte y poderoso, que es lo que se necesita en este país. Es necesario impedir que la justicia siga en manos de los políticos corruptos, como ocurre hoy día en Panamá.

Reitero, en los países del primer mundo estos nombramientos son indefinidos o perpetuos. Por esto, es absolutamente necesario que la política valore, en su justa medida, la gran importancia del poder judicial.

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