MANEJO POLICIAL

Imprudencia fatal: Domingo Espinosa G.

El incidente fatal ocurrido recientemente en San Carlos, Panamá, donde murieron dos menores, en un retén policial, ha llenado de luto y dolor a la sociedad panameña. Ese evento lamentable ocurrido en aparentes condiciones confusas, deja entrever una actitud de prepotencia, abuso de autoridad, falta de pericia, indisciplina y un desconocimiento de las funciones jurídicas de la policía, ante personas indefensas.

El gobierno de Ernesto Pérez Balladares creó la Ley 18 del 3 de julio de 1997, que le daba un nuevo marco legal a la Policía Nacional, toda vez que en 1994 se derogó constitucionalmente la fuerza militar, a raíz de lo sucedido en 1989 con la invasión estadounidense. Por temor o ignorancia inexcusable, las autoridades civiles postinvasión no prepararon psicológicamente a la Policía Nacional para pasar de un estado de fuerza, llamado dictadura militar, a su nuevo rol en los gobiernos democráticos, es decir, ser agentes sujetos al poder civil y a la ley, brindando protección a la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Esto fue un error que ahora está saliendo a flote.

También parece que los gobiernos postinvasión han abusado de la Policía Nacional, al tratar de politizarla y usarla como guardia pretoriana, muchas veces alejada de sus funciones constitucionales, cuando su deber está en garantizar el estado de derecho y la democracia.

Pero el asunto comienza a tomar otra dinámica, cuando el actual gobierno pone en vigencia la Ley 74 de 2010, que le confiere un fuero especial a los policías, que no pueden ser juzgados por la justicia ordinaria mientras pertenezcan al estamento policial, situación que si no se maneja con prudencia puede estallar en sus propias manos, como efectivamente ocurrió.

A todas luces se ha violado el artículo 135 del reglamento disciplinario que establece taxativamente el uso de las armas de fuego, y bajo qué circunstancias se pueden usar y cuándo no. Por lo que se ha visto hasta ahora, el automóvil del ciudadano extranjero nunca representó un peligro para los agentes que aplicaban el retén policial, porque en ese vehículo el conductor viajaba con su familia.

La tesis que esgrimen algunos de que un peligroso criminal se había fugado de la cárcel de La Chorrera no tiene ningún sustento, porque regularmente se escapan reos de La Joya y de otros centros del Sistema Penitenciario, sin que hagan tanto aspaviento como ahora. Esto solo beneficia al hampa organizada, porque al suspender los retenes policiales, los delincuentes se trasladan tranquilamente, sin que nadie los requise.

El proceder de los policías que participaron en el retén de San Carlos es violatorio de la Constitución Nacional, del Código Administrativo, de la ley y del reglamento disciplinario de la institución policial, y las autoridades deben aplicar los correctivos del caso, para que esos actos no se vuelvan a repetir. Creo que al Gobierno le conviene mucho derogar la Ley 74 de 2010, para la tranquilidad y el sosiego de los ciudadanos, además de que es inconstitucional e ilegal.

En un caso parecido en Colombia, la Corte Constitucional declaró ilegal una ley del gobierno que pretendía que los militares juzgasen a sus propios miembros, lo que ha sido un revés para quienes lo impulsaban y un triunfo de la democracia y el estado de derecho. Aquí la sociedad espera que la Corte Suprema de Justicia haga un pronunciamiento sobre la legalidad o no de la Ley 74.

Hago un llamado a las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública y a los altos mandos policiales para que capaciten a su personal en el conocimiento de la ley, el uso de las armas de fuego y de la fuerza, así como el respeto de los derechos humanos, porque su función es proteger y servir a la comunidad. Queremos y necesitamos una Policía Nacional, profesional, apolítica, y respetuosa de la ley. Así tendrán el respeto y aprecio de la ciudadanía. Por último, pido que no desamparen a las familias de los afectados, denle todo el apoyo moral y solidario posible.

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