REFLEXIÓN

Impunidad y derechos humanos: Raúl Aguilar

La oscura madrugada del 1 de septiembre de 1939, exactamente a las 4:26 a.m., se escucharon las primeras detonaciones. Aeronaves bombarderas Stukas Junkers Ju87 descargaron sus proyectiles sobre tierras polacas, neutralizando de forma temporal sus defensas. Fue esta la primera de las acciones bélicas de Hitler, con el propósito de anexarse el territorio de dicho país.

A partir de ese trágico día, y durante seis años y un día, exactamente, hasta el 2 de septiembre de 1945, se libró la guerra más mortífera y sangrienta que haya tomado lugar en este planeta, que cobró un saldo de más de 70 millones de vidas y destruyó un sinnúmero de hogares y familias de todo el mundo.

Ante la necesidad de tomar acción frente a las injusticias ocurridas, aproximadamente mes y medio después del fin de la guerra, se fundó la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la ciudad de San Francisco, California, el 24 de octubre de 1945. Su propósito sería la colaboración internacional en asuntos de derecho, paz y seguridad, desarrollo social y económico, y en materia de derechos humanos.

Así, el 10 de diciembre de 1948, en París, se promulgó y firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, documento que recoge 30 derechos considerados básicos, a los que todo ser humano debe tener acceso y cuyo cumplimiento es obligado para todos los Estados firmantes.

De los 58 países miembros de la ONU en ese momento, 48 fueron los que suscribieron ese tratado, entre los que estaba Panamá. Dicha firma creó una responsabilidad y una obligación perenne en la legislación panameña, la de cumplir que a toda persona que se encuentre en esta tierra se le garantice el pleno respeto de sus derechos, tal como está expuesto en la declaración.

Transcurridos ya casi 66 años desde que Panamá firmó esa declaración, nos planteamos estas interrogantes: ¿Se cumplen estos derechos? ¿El Estado panameño se los garantiza a todos sus habitantes?

En octubre de 2013, en la carretera Panamericana, cerca del pueblo de San Carlos, miembros de la Policía Nacional dispararon contra un automóvil porque asumieron que el conductor era un fugitivo; un niño de dos años y una niña de 15 murieron como consecuencia.

Otro caso similar fue el que ocurrió en la entrada de Brisas del Golf, en el que miembros de la Policía Nacional tirotearon de forma indiscriminada una camioneta, para luego darse cuenta de que se trataba de un civil inocente. Ni hablar de las muertes durante las protestas en Bocas del Toro y Colón, en las que hubo un claro abuso de autoridad. Ninguno de estos casos ha terminado en enjuiciamientos o suspensión de funciones.

Entre enero y octubre de ese mismo año, la Oficina de Asuntos Internos de la Policía Nacional abrió 619 procesos disciplinarios en contra de oficiales, incluyendo 87 por abuso en contra de civiles, 56 por conducta inapropiada, 16 por abuso doméstico, cuatro por facilitar el escape de reclusos, y otros por el uso de fuerza excesiva.

Aceptar la impunidad y permitir que estos hechos caigan en el olvido, no solo es aceptar que se pongan en peligro nuestros derechos y garantías básicas, sino que lentamente nos condena a repetir los mismos errores del pasado. Los seres humanos olvidamos las tragedias fácilmente con el pasar de las generaciones, y nos cuesta hablar de lo que nos duele, quizás por no transmitir dicho dolor a través de nuestras palabras, pero ¿valdrá la pena arriesgarse a olvidar...?

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