CRECIMIENTO ORDENADO

Industria inmobiliaria y de construcción, asuman su responsabilidad: Tomás Engler

En fechas recientes, los medios de comunicación han hecho excesivo despliegue de las quejas de la industria constructora e inmobiliaria relacionadas con las obras pendientes de aprobación y suspendidas por las autoridades que están “paralizando la economía del país” y generan pérdidas para sus empresas.

Por el respeto que todos nos merecemos, la Red Ciudadana Urbana de Panamá considera necesario dar a conocer los hechos y plantear, de forma objetiva, quiénes serían los verdaderos responsables de esta situación.

El origen del problema proviene de los numerosos abusos que han denunciado los residentes de los barrios afectados por las serias violaciones de las normas urbanísticas, de construcción o de seguridad, por parte de las empresas promotoras y constructoras, debido a las autorizaciones concedidas por instituciones como la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) y el Municipio de Panamá en años recientes.

Informes del Municipio indican que el 80% de los proyectos presentados es devuelto por “no cumplir los requerimientos legales mínimos”. Es necesario recalcar que son pocas las obras en proceso que se encuentran suspendidas, y lo están por violentar las normas urbanísticas o de construcción, con notables perjuicios para los residentes de los barrios afectados.

De allí que los únicos culpables del rechazo de los permisos y de la suspensión sean las propias constructoras y promotoras involucradas. Estas son también responsables del eventual perjuicio a los trabajadores de la industria cuando se aplican las leyes, por lo que nos solidarizamos con la situación de los obreros afectados por los contratantes inescrupulosos.

A la ciudadanía le ha costado mucho esfuerzo lograr que el Municipio de Panamá aplique correctivos y sanciones cuando corresponde. La Red Ciudadana Urbana exhorta a todos a velar porque la Alcaldía se mantenga firme ante las presiones políticas y económicas de la industria inmobiliaria y de la construcción. Estamos convencidos de que cuando hay obras suspendidas por violaciones a las leyes vigentes, todos tenemos el deber de exigir que se protejan nuestros derechos.

Mucho antes del primer movimiento de tierra de una obra, las entidades competentes (Anam, Miviot, Idaan, Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, entre otras) deben ver las fallas, y no aprobar permisos para proyectos que las tengan. Al Municipio le toca rechazar solicitudes de anteproyectos, planos y permisos de construcción que no se ajusten a las leyes. Solo así el gobierno municipal podrá cumplir su obligación constitucional de asegurar el bien común y proteger a las comunidades. Lo que proponemos es muy simple:

1. Planificación urbana, ordenada, efectiva, ágil y con amplio protagonismo ciudadano.

2. Que los propietarios de lotes y la industria inmobiliaria cumplan las leyes urbanísticas y las normas de seguridad vigentes. Además, que respeten a los residentes de los barrios, su patrimonio familiar y que empleen buenas prácticas urbanísticas, arquitectónicas y constructivas.

3. Que las autoridades competentes cumplan con su trabajo, atiendan las exigencias de las leyes y de la ciudadanía.

4. Rechazamos cualquier intento de corrupción, ya sea institucional o al nivel privado.

En este contexto, la empresa privada que acate los planes y cumpla con las leyes urbanísticas podrá hacer inversiones más sustentables, que aseguren un ritmo sostenido de actividad económica y de empleo.

Con la participación ciudadana efectiva, el desarrollo de nuestras ciudades gana en su conjunto, al ofrecer soluciones sostenibles, elevar el nivel de exigencia y, por ende, asegurar la calidad de vida para todos los habitantes de la ciudad y del país.

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