CAMARÓN LEGISLATIVO

Institucionalidad fiscal: Roberto Brenes P.

El 30 de diciembre, en lo que aún parece un confuso episodio de ligerezas, descuidos e irresponsabilidad, el régimen fiscal territorial de la República de Panamá fue de un plumazo derogado y sustituido por un sistema de renta mundial, sistema contrario a los intereses de nuestra economía y nuestro centro financiero y logístico. La reacción nacional al peligroso camarón legislativo fue brutal e instantánea. Amplios sectores de la sociedad panameña, incluso aquellos que se podrían tildar de anti mercado y anti capital, cerraron filas en contra del exabrupto.

Ahora, el Gobierno remienda a toda velocidad el daño pidiendo la aprobación de una derogación total y retroactiva de la ley. Además de un susto y un daño cuyas consecuencias aún no conocemos, el episodio deja en evidencia la desnudez institucional de este país y los peligros abismales que esta deficiencia encarna.

Quien quiera que pensara que reformar el sistema fiscal panameño era bistec de dos vueltas se equivocó colosalmente; la territorialidad es crítica en el desarrollo del país y la ciudadanía reconoce esa importancia crítica. Así que si la idea de eliminarla era pasarle una factura a empresarios no sumisos o ejecutar una vendetta personal, los autores no tenían idea de las ramificaciones y la profundidad que este sistema fiscal tiene en el ADN de la economía nacional. Eliminarla es casi como dinamitar las esclusas del Canal. La segunda cosa que no tuvieron en cuenta los autores del engendro es que los panameños ven el sistema fiscal como parte de su soberanía nacional y allí haremos todos siempre causa común.

Pero muchos malpensados siguen elucubrando, ¿quién le prende el fuego a la casa para sacar a unos inconvenientes ratones, si es que los hay? El mea culpa del director de ANIP y la ingenuidad de tres legisladores veteranos, uno de ellos un exitoso empresario, parece de novela. ¿No habrá detrás de esto presión yanqui y europea para acabar nuestro inconveniente paraíso fiscal? Por qué y a santo de qué el señor Barroso, secretario de la Comunidad Económica, aparece aquí regalándonos de la nada 38 millones de dólares para “seguridad”.

Quizá son espejismos de la larga noche de Año Nuevo. Pero, que les quede claro a los que andan coqueteando con los gringos y la OECD buscando transar en estos temas, la experiencia de la semana pasada demuestra sin ambages que hay y habrá un enorme costo político en su contra a lo largo y ancho del país.

Lo que más preocupa es que a pesar de las medidas de contención, se ha hecho un gran daño. Dicen que se ha retrocedido en una semana más que en 40 años. Por mucho que nuestros abogados, banqueros, reaseguradores, navieros, operadores de logística, reguladores y empresarios en general justifiquemos ante el mundo el desliz e incluso logremos la justa sanción a los usurpadores del proceso legislativo, los clientes nos mirarán con desconfianza.

En cualquier democracia el proceso legislativo está a prueba de advenedizos. En cualquier país normal del mundo, los diputados saben leer. Aquí parece que en el mejor de los casos los diputados no saben o no leyeron lo que les pusieron por delante. Porque en el peor de los casos, lo leyeron y a pesar de lo grave del tema, se plegaron al designio de lo que vino de más arriba, quien quiera que fuere esa fuerza divina.

Ante este panorama, de una seguridad jurídica totalmente en pelotas, será necesario redoblar los esfuerzos para promover los sectores de servicios y blindar a las instituciones y los preceptos fundamentales, como la territorialidad, que hacen posible nuestro éxito y que seamos muy diferentes al resto de América Latina.

Habrá que buscar la manera de que cualquier iniciativa de reforma o modificación de los factores críticos de la economía no solo tengan una adecuada discusión legislativa, sino que tengan un trámite de discusión técnica pública y abierta. Existe en el Gobierno el Consejo de Coordinación Financiera, que lideran los reguladores de banca, seguros y valores, y puede ser un buen punto de partida. El ministro De Lima habla de llevar adelante un plan estratégico del sector, un paso en la dirección correcta.

Pero hay que hacer más y lo único que puede realmente blindar los pilares del desarrollo de la nefasta combinación histórica que añade las presiones y caprichos del poder Ejecutivo a una asamblea sumisa y poco entendida será darle a la territorialidad rango constitucional en la primera oportunidad que tengamos.

Que le quede al Gobierno la amarga lección política. De lo contrario, a los ciudadanos nos resultará difícil, si no imposible, seguirle confiando los destinos de la patria a quien está dispuesto a prender la casa con cada obsesión personal o partidista. Y así la gente, un voto a la vez y en el rejuego electoral, buscará en la forma más democrática posible, alejarle los fósforos al pirómano.

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