ECONOMÍA

Institucionalidad y prácticas monopolísticas: Ninotshka Tam

Múltiples estudios confirman la importancia que conlleva el fomento de la competencia, sobre todo en el caso de los países en desarrollo (por el potencial beneficio que acarrea en cuanto al mejoramiento de la productividad). Precisamente uno de los exponentes de este enfoque es Michael Porter, precursor de la teoría de la competitividad.

De acuerdo con el Diamante de Porter, una de las condiciones que estimula la competitividad de los diversos sectores económicos es la rivalidad que se suscita entre los agentes económicos o empresas que forman parte del mismo, objetivo que por supuesto se puede estimular a través de la aplicación de adecuadas políticas públicas.

En Panamá, a través de la Ley 45 de 2007, se creó la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor y Defensa de la Competencia (Clicac), entidad que luego pasó a convertirse en la Autoridad de Protección al Consumidor (Acodeco). Justamente mediante esta norma se define la institucionalidad respecto de las prácticas no competitivas, con el fin de que se eliminen y se penalicen. Estas, de hecho, incluyen acciones como que las empresas se pongan de acuerdo para fijar precios o que se repartan el mercado geográficamente para operar de forma exclusiva en determinadas zonas.

También establecen acciones como el control que ejercen algunas empresas e industrias sobre ciertos insumos, situación que estaría ocurriendo en Panamá, sobre todo, en el sector agropecuario. Los hechos demuestran que algunas de estas prácticas, desafortunadamente, se concretizan, en gran medida, debido a políticas públicas mal enfocadas, como el excesivo proteccionismo, aunado a los privilegios y exclusividades que se otorgan para la señalada importación de insumos o productos finales.

Las acciones monopolísticas son nocivas para la sociedad por dos razones. En primer lugar constituyen una imposición arbitraria y discrecional que generan transferencia de ingresos de los consumidores hacia las empresas. El efecto negativo de esto es que aumenta exponencialmente en la medida que las transferencias ocurran de segmentos de menor ingreso de la población hacia grandes empresas.

Otro factor pernicioso de las prácticas monopolísticas es que generan ineficiencia, porque les impide a las empresas producir con calidad y cantidad adecuada, como lo harían bajo la libre oferta y demanda. Por el contrario, al limitar la calidad y la cantidad se provoca lo que se define como una pérdida neta de bienestar a la sociedad. En ese sentido se genera un uso ineficiente de los recursos, lo que, de paso, inhibe la competitividad y el crecimiento económico.

Ante esta problemática, en el caso de Panamá desde un plano meramente técnico, se perfilan dos alternativas: la primera es modificar las políticas que podrían inducir a este tipo de prácticas, y reforzar la institucionalidad con que opera la Acodeco.

Un obstáculo es la demora en resolver las demandas que introduce esa entidad ante las actuales instancias jurídicas. La experiencia de diversos países del área demuestra que ha resultado tremendamente efectiva la posibilidad de que la propia entidad que sustancia las investigaciones, establezca el fallo y las penalizaciones que sean del caso.

Valdría la pena examinar la posibilidad y conveniencia de tomar medidas como estas en Panamá. Se deriva de ello, es cierto, un riesgo en el sentido de que se le podría conferir facultades de “juez y parte” a dicha entidad. Sin embargo, jurídicamente podría establecerse un mecanismo para recurrir a la Corte Suprema de Justicia como instancia de apelación de estos fallos; esto tendría como ventaja una mayor celeridad y certeza en la penalización de estas prácticas nocivas para la sociedad y la economía.

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