FALLO

Irrespeto constitucional: Julio E. Linares Franco

Mediante fallo de 30 de diciembre de 2004, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la frase e inciso final del Artículo 2 de la Ley 5 de 1988, según quedara modificada por la Ley 36 de 1995.
De esa manera, se impide la enajenación de algunos bienes del Estado en favor de concesionarios, incluyendo la facultad de rellenar tales bienes. Al impedirse la facultad de rellenar el lecho marino, se evita que esos bienes de dominio público pudieran constituirse en bienes patrimoniales del Estado y, luego, traspasarse a nivel privado, por considerarse que se violaba el Artículo 255 de la Constitución Nacional (actual Artículo 258). 
Este criterio lo sostuvo la Corte, siguiendo expresamente lo que señala la Constitución, en el sentido de que el mar territorial pertenece al Estado y es de uso público, por lo cual, no puede ser objeto de apropiación privada. Y dejó, claramente, sentado en el fallo que los rellenos que se hacen sobre bienes de dominio público, como el mar territorial, mantienen esa calidad de uso público y, por ende, son inalienables.
Pero, nuevamente, nuestros diputados hacen alarde de un desconocimiento inexcusable (por decir lo menos) de nuestros archivos constitucionales, aprobando el Artículo 30 de la Ley 76 de 2010, que crea la Empresa Nacional de Autopistas, S.A. y reforma la Ley 5 de 1988 sobre concesiones administrativas para la ejecución de obras públicas. Y es que esta norma autoriza al Estado para pactar la construcción y habilitación de nuevas áreas de terreno que resultaren del relleno del lecho marino u otros medios para desarrollos habitacionales, de modo que las nuevas fincas así creadas puedan garantizar el financiamiento del proyecto y amortizar el monto total recuperable de la concesión.
Pero algunos se preguntarán: ¿Por qué la empresa ICA rellenó y creó lo que ahora se denomina Punta Pacífica? Muy sencillo.
Porque, contrariando la integridad de sus propios fallos, la Corte Suprema de Justicia decide el 11 de diciembre de 2006 declarar constitucional el Contrato No. 70-96 de 1996, por el cual el Estado autoriza a ICA rellenar sobre el mar territorial. 
En síntesis, esa misma Corte echa por tierra lo señalado apenas dos años antes y decide declarar constitucional los rellenos realizados por  esa empresa. Si la ley que autorizó los rellenos es declarada inconstitucional, lo lógico era que el contrato basado en dicha ley también lo fuera (lo accesorio sigue la suerte de lo principal).
Finalmente, consideramos que ante una demanda de inconstitucionalidad que entendemos ya fue presentada, la Corte debe 
fallar la inconstitucionalidad del susodicho Artículo 30 de la Ley 76 de 2010, siguiendo el precedente del fallo en 2004.
Y es que en el fallo de 2006 usó como subterfugio la seguridad jurídica y los derechos adquiridos, porque supuestamente ya existían trámites comerciales y financieros, así como construcciones adelantadas. A pesar de que esto no era excusa, porque los fallos de inconstitucionalidad no son retroactivos, apenas se está iniciando el relleno. Y si fallan en los años venideros, con el argumento de los “derechos adquiridos” o la “seguridad jurídica”, estarían otra vez violentando la carta política. 

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