AVANCES EN OTROS PAÍSES

Juicios a exgobernantes: Carlos Guevara Mann

Érase una vez una región del mundo donde los gobernantes siempre se salían con la suya. Si eran militares usurpadores, tiranizaban con crueldad a la población y saqueaban el erario con voracidad.

La muerte natural en el poder o el derrocamiento seguido de un exilio dorado solía ser la única consecuencia de sus desmanes. De vez en cuando, alguien osaba atentar contra algún dictador para matarlo. Así terminó Rafael Leonidas Trujillo, tirano de la República Dominicana, pero su suerte fue inusual.

Si el gobernante era elegido por el voto popular, normalmente guardaba las apariencias democráticas, pero eso no le impedía meter la mano en las arcas del Estado, en algunos casos con mucho provecho. El punto es que tanto dictadores usurpadores como presidentes elegidos podían confiar que tras su paso por el poder (que algunos trataban de eternizar), gozarían de impunidad para disfrutar de sus bienes malhabidos y sus fortunas acumuladas a costa del hambre y el sufrimiento de sus pueblos.

Parece, sin embargo, que las cosas están cambiando. De un tiempo acá, la justicia en algunos países de la región se ha envalentonado y se ha atrevido a enjuiciar a algunos exgobernantes. Entre los exdictadores sentados en el banquillo de los acusados desde el retorno a la democracia están Jorge Videla y Reynaldo Bignone, (Argentina); Luis García Meza (Bolivia); Augusto Pinochet (Chile); Efraín Ríos Montt (Guatemala); Francisco Morales Bermúdez (Perú); y Gregorio Álvarez (Uruguay).

Videla (quien falleció en la cárcel el mes pasado), Bignone, García Meza y Álvarez recibieron largas condenas. Pinochet murió antes de que culminaran los juicios en su contra. En la actualidad, Ríos Montt y Morales Bermúdez están siendo procesados, el primero en su país y el segundo, en Argentina e Italia.

En años recientes, varios gobernantes elegidos mediante votación ciudadana han sido encausados tras terminar sus mandatos, generalmente por actos de corrupción. Entre los exgobernantes sentenciados están Carlos Ménem (Argentina), quien acaba de ser condenado por contrabando de armas; Rafael Ángel Calderón Fournier (Costa Rica), sentenciado por peculado; Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica), condenado por instigación de corrupción; Lucio Gutiérrez (Ecuador), condenado por recibir aportes electorales ilícitos; Luis González Macchi (Paraguay), condenado por corrupción (pero luego sobreseído en apelación); Alberto Fujimori (Perú), sentenciado por crímenes de lesa humanidad y actos de corrupción; Salvador Jorge Blanco (República Dominicana), condenado por enriquecimiento ilícito (pero posteriormente exculpado), y Carlos Andrés Pérez (Venezuela), sentenciado por malversación de fondos.

Además, el expresidente Alfonso Portillo de Guatemala acaba de ser extraditado a Estados Unidos para responder ante acusaciones de lavado de dinero.

En los 23 años transcurridos desde el desalojo de la dictadura militar, Panamá no ha logrado los avances judiciales obtenidos en otros países de la región. El exdictador Noriega, quien se entregó a la justicia estadounidense, fue procesado y condenado en Miami por actividades vinculadas al narcotráfico.

Posteriormente, la justicia francesa lo juzgó y condenó por lavado de dinero. De vuelta en Panamá, cumple las condenas emitidas en su contra por tribunales panameños, en varios procesos relacionados con actos de violencia y corrupción.

A pesar de las anomalías atribuidas a exgobernantes panameños durante la dictadura militar y el período democrático, Noriega es el único que ha recibido condenas. Hace algunos años se sometió a juicio al expresidente Pérez Balladares (1995-1999), al término del cual fue sobreseído.

En otros casos, sin embargo, no ha habido siquiera una investigación. A inicios de los años 90, el contralor Rubén Darío Carles rindió un informe sobre el manejo irregular de las multimillonarias partidas asignadas a expresidentes de la dictadura. No hubo, sin embargo, investigación ni procesos judiciales.

El caso del Centro Multimodal Industrial y de Servicios (Cemis), dentro del cual se menciona la participación de un exmandatario, no sale del limbo jurídico en el que convenientemente se encuentra. Otros casos de presunta corrupción –muy sonados algunos de ellos– han sido engavetados, en detrimento del interés general.

El día en que la justicia panameña logre procesar y condenar a exgobernantes señalados en actos delictivos, ganará credibilidad. Mientras no sigamos los pasos de otras repúblicas latinoamericanas, Panamá seguirá siendo un país en que la corrupción, en particular y la violación de la ley, en general, operan impunemente.

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