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EXCESOS

Legitimidad política e insubordinación civil: Eduardo Espino López

En todo sistema político democrático el tema de la legitimidad está en íntima relación con la tolerancia y la protección de los derechos y libertades ciudadanas por parte de quienes ejercen el poder. Existen dos formas de relación entre poder estatal y la sociedad: de asimetría o subordinación y de simetría o cooperación; ambas se conjugan en un equilibrio en el que el ejercicio del gobierno adquiere la certeza de parte de la ciudadanía de que los gobernantes son merecedores de la confianza en las medidas tomadas, y que estas sean toleradas y comprendidas, al existir la certidumbre de cómo actúan los órganos de poder frente a las distintas situaciones de conflictos de intereses.

Siempre hay un margen de discrecionalidad que es interpretada como legítima, si es acorde con los principios del estado de derecho; en caso contrario se trata de un acto arbitrario. Ningún sistema formal de reglas puede prever cada circunstancia contingente que se presente en la vida política, pero el gobernante revestido de legitimidad por la ciudadanía puede tomar decisiones fuera de la norma, teniendo en cuenta los intereses en juego y respetando los principios básicos del estado de derecho.

El presidencialismo predominante en nuestro país es una deformación del diseño constitucional presidencialista tradicional; al desbordarse este por excesos de discrecionalidad del poder del Presidente, haciendo imprevisible y errática su gestión.

En los dos últimos años estos desbordes han erosionado notablemente los cimientos de la democracia panameña y los ideales de “democracia, justicia y libertad” de la Cruzada Civilista de los años 80 se alejan más de la realidad actual. Esto ocurre por nuestra cultura política basada en la idea de que el poder gubernamental es una especie de patrimonio personal y familiar. Se cumplen con las formalidades de acceder al poder, pero no con las normas y las maneras de tomar decisiones ganando legitimidad, fenómeno que depende de un estado psicológico de credibilidad y previsibilidad sobre las actuaciones del gobernante.

Los antídotos constitucionales contra el presidencialismo residen en: introducir la figura del jefe de gabinete; quitarle la prerrogativa al Presidente de nombrar funcionarios de los órganos de control y los magistrados; darle un rol a los grupos de la sociedad para que propongan listas de estos funcionarios y que sean considerados por la Asamblea; establecer los votos de censura a los ministros; mecanismos de democracia directa como la iniciativa popular de proponer leyes y elecciones intermedias de gobernadores y diputados para faciltar el voto de aprobación o censura a una gestión de gobierno, entre otras.

Los sucesos asociados a la ley especial de la minería en las áreas indígenas han representado un escalón más abajo en el proceso de deterioro político y social de Panamá. Se crean las condiciones para una rebelión que resquebrajó más la imagen de la autoridad: saqueos, irrespeto a la propiedad, interrupción al libre tránsito, pérdidas económicas y un largo etcétera.

La población apoyó a los indígenas por el creciente sentimiento antigubernamental acumulado, independientemente de lo irracional del movimiento indígena y de los graves perjuicios causados a toda la nación.

Los pueblos originarios son en realidad los del Sitio Conté en Coclé y las tribus prehispánicas darienitas. Lo que sucede es que el movimiento indígena es el único que ha dado una “efectiva” batalla oposicionista, al actuar en bloque y no como red; en la que todo el mundo opina y propone, pero nadie actúa y no existe liderazgo visible. La lección es que la clase media profesional no ha podido articular un movimiento pacífico y civilizado de reforma política, dando paso libre a la anarquía, la irracionalidad y más intransigencia.

Las redes sociales, queda demostrado, son efectivas para erosionar o reforzar la legitimidad de la autoridad, pero no son un fin en sí mismo: es un complemento a un liderazgo cívico consolidado de reformas basado en una organización no virtual y con fines concretos.

Desde hace años hay en Panamá un clima de insubordinación civil de baja intensidad en el que las normas no son respetadas; los mandatos de las autoridades no se cumplen en gran porcentaje o son impuestos sin consulta. ¿Por qué la sociedad civil organizada no busca las firmas para una constituyente?

Es fácil twitear y esperar a ver qué pasa. Lo único que parece seguro es que habrá cambio de partido de gobierno en el año 2014, sin que se llegue a un verdadero ejercicio real de democracia activa ciudadana, dejando el camino a los mismos de siempre, para que hagan lo mismo de siempre.

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