RELACIONES INTERNACIONALES

Listas grises y medidas de retorsión: Jorge A. Chang Villarreal

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Nuestra relación histórica con la República de Colombia es algo innegable, pues durante 82 años formamos parte de esa nación. En consideración a ese pasado, el Estado siempre se preocupó por mantener cordiales relaciones diplomáticas con el vecino país, sin embargo, hace unos días Panamá se sorprendió debido a las medidas que adoptó el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, junto al ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas Santamaría, de penalizar a Panamá e incluirla en una lista gris. La medida se establece en el Decreto 1,966, de 7 de octubre de 2014, reglamentario del Estatuto Tributario y no se levantará hasta que Panamá suscriba “un tratado o acuerdo internacional que permita el efectivo intercambio de información con la República de Colombia”.

Sobre este punto es bueno aclarar que el Estado no se ha negado a un acuerdo de intercambio de información con Colombia; la política exterior panameña ha favorecido los acuerdos bilaterales de intercambio de información con distintas naciones, entre las que se encuentran Estados Unidos, España, Francia y Canadá. Colombia no ha sido la excepción, solo que en cualquier negociación de este tipo ambas partes deben defender sus intereses y llegar a puntos de consenso.

Por esta razón, la decisión unilateral de Colombia viola distintos acuerdos comerciales firmados con Panamá, por ende, es violatoria de las normas de derecho internacional vigentes desde la Convención de Viena de 1969, específicamente en su capítulo V que habla sobre la nulidad, terminación y suspensión de los tratados, incluyendo el artículo 53 de la Convención de Viena, cuando se menciona la doctrina del Ius Cogens, que no es más que “la aceptación y reconocimiento por la comunidad internacional de Estados en su conjunto, como normas que no admiten acuerdo en contrario”. También, la doctrina Pacta Sunt Servanda que señala que “las normas y obligaciones internacionales adoptadas y aceptadas por los Estados deben ser cumplidas por ellas de buena fe”.

Además de los pactos internacionales, claramente vulnerados, la legislación interna del país lo respalda ante este tipo de medidas. La Ley 58 de 2002, “Que establece medidas de retorsión en caso de restricciones discriminatorias extranjeras contra la República de Panamá”, contempla su aplicación dentro de parámetros claramente definidos. Quedarían sujetos a un “trato recíproco” los países que adopten “leyes, reglamentos, prácticas, resoluciones, fallos y sentencias” perjudiciales a Panamá.

Las medidas de retorsión son acciones inamistosas e incluso perjudiciales; aunque intrínsecamente legales en respuesta a un acto inamistoso e ilegal anterior, deben ser aplicadas lo antes posible por Panamá y recomiendo adoptar las siguientes:

1. Fijar aranceles para las principales exportaciones colombianas basados en el mismo porcentaje que le impusieron a la Zona Libre de Colón.

2. Establecer visas para los ciudadanos colombianos que quieran viajar al istmo de Panamá.

3. Suspender el decreto Crisol de Razas para regularizar a los ciudadanos de nacionalidad colombiana.

4. Dejar sin efecto el Tratado de Montería, que le otorga paso gratuito por el Canal a los barcos del vecino país.

5. Cancelar de inmediato el proyecto de interconexión eléctrica.

6. Excluir a las empresas colombianas de las licitaciones públicas.

La política exterior panameña desde hace muchos años busca el consenso, pero en esta oportunidad debe exigir respeto y defender los interés nacionales. No puede ser posible que, de la noche a la mañana, un país como Colombia, con el que siempre hemos tenido excelentes relaciones diplomáticas, nos irrespete de esta forma y mancille el buen nombre de Panamá ante la comunidad internacional, sobre todo cuando siempre le hemos brindado apoyo en materia de política exterior, como ocurrió durante la disputa limítrofe con Nicaragua, cuando Panamá se puso del lado de Colombia.

Las autoridades locales deben actuar con firmeza y no demorar más una decisión que se debió tomar desde el primer día en que se nos incluyó en la lista gris del Estado colombiano.

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