DUDAS

¿Minería responsable?: Gonzalo Soto Martínez

Publicaciones recientes indican enormes ganancias para las multinacionales mineras. Mientras, los países con yacimientos reciben, además de contaminación, las migajas del negocio.

En un país minero por excelencia, una transnacional adquirió una mina en 98 millones de dólares y la revende en la bicoca de mil 300 millones, dándose el lujo de explotar la mina por 23 años sin pagar ni un peso de impuestos. Para lograrlo, traspasó sus ganancias a filiales en paraísos tributarios y declaró pérdidas durante todo el período.

Hoy, se niegan a cumplir con la cláusula que le permite al Gobierno chileno comprar su porcentaje de la mina y amenaza (?) con preservar sus derechos cubiertos por tratados internacionales de libre comercio.

Mientras allá sectores de la sociedad exigen la nacionalización de sus recursos, en Panamá la “fiebre minera” ha contaminado a nuestros impolutos y ultranacionalistas políticos, quienes después de autoconcesionarse áreas revertidas, ingenios, hidroeléctricas, casinos, servicios portuarios, áreas costeras, comisiones italianas, etc., corren a revisar el Código Minero y a firmar tratados de libre comercio con países interesados en la minería.

La generosidad del sector la disfruta otro país suramericano, que para mantener el flujo de dólares otorga derechos de minería con condiciones generosas. Las compañías se quedan con 96% de los recursos y entregan 4% a los nacionales. Por este camino, en Panamá dos transnacionales mineras adeudan cuotas a la CSS, mientras el director de esa institución impulsa una ley de moratoria para exonerarlos.

¿Cómo un gobierno que “necesitó” aumentar 40% del ITBM disminuyendo el poder adquisitivo de sus electores, solicita exonerar miles a empresas que incumplen sus obligaciones?

Costa Rica ha evaluado el impacto ambiental por minas de oro; ha sido profundo y por décadas esperan la recuperación de las zonas afectadas. Sus tribunales revocan permisos de explotación a una minera, criticando su actuación fraudulenta al talar 50 hectáreas de bosques en pocas horas, un caso para Ripley. Y otorgó donaciones monetarias a la fundación de un expresidente, ¿nos suena conocido?

En Panamá –igual que la administración anterior– continúan negociando o han negociado la apertura de nuevas minas a espaldas de la población, como sugiere el programa educativo minero del Inadeh, “para el momento [sic] que inicie la fase de construcción” en dos nuevas minas.

¿Defenderá nuestros mejores intereses una clase política que ha conseguido clasificarnos, a nivel mundial, como un país corrupto, sin justicia y con bajísimos niveles educativos?

¿Es necesario sacrificar parte del territorio nacional –para aumentar depósitos internacionales de oro, enviar minerales sin procesar y generar empleos en países del “Primer Mundo”– del país tercermundista con mayor crecimiento económico de Latinoamérica?

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