COMPRA DE CURULES

Narcodiputados: Carlos Guevara Mann

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Narcodiputados: Carlos Guevara Mann

Un sistema electoral es el conjunto de normas –formales (escritas) e informales (no escritas)– elaboradas para que la ciudadanía pueda elegir a quienes ejercen ciertas funciones públicas. El criterio republicano y democrático es que el sistema electoral debe estar configurado de manera tal que el cuerpo ciudadano pueda destinar al personal más idóneo al ejercicio de cargos públicos.

Así lo argumentaba James Madison, uno de los arquitectos del republicanismo democrático, en los ensayos que escribió para El Federalista (1787-1788). Madison y sus colaboradores, evidentemente, tenían un concepto muy elevado de las posibilidades y el alcance de la constitución que promovieron.

Aun el más esmerado diseño electoral no garantiza la selección del mejor elemento social para el desempeño de empleos públicos. A pesar de ello, cuando comprobamos que el resultado de las elecciones populares es la integración de la Asamblea Nacional y los gobiernos municipales por individuos ineptos, corruptos y –como lo vemos crecientemente– entregados al crimen organizado, podemos colegir que algo tiene el sistema electoral que “desincentiva”, como dicen los economistas, la elección de gente íntegra y decente en favor del encumbramiento de ignorantes, pandilleros y maleantes.

Días atrás, el magistrado presidente del Tribunal Electoral acusó al gobierno anterior de querer “robarse las elecciones” (La Prensa, 30 de diciembre de 2014). Indicó, por supuesto, que gracias a él no se las robaron, dando a entender que sin su presencia en el Tribunal Electoral se hubiese torcido burdamente la voluntad del pueblo panameño el 4 de mayo de 2014.

Al presentarse como adalid de la democracia, Pinilla puede estar abonando el terreno para que la Asamblea Nacional lo reelija, lo cual le permitiría permanecer 10 años más en el cargo. Lo curioso es que Pinilla habla solo de la elección presidencial, que el gobierno anterior no logró robarse, a pesar de la escandalosa malversación de fondos públicos (permitida por el Tribunal Electoral) en favor de la candidatura oficialista.

No hace alusión a las otras elecciones celebradas ese día –particularmente las de diputados, alcaldes y representantes– en las que sí hubo robo. O, más bien, compra descarada, permitida por el Tribunal Electoral.

Fue tan público y notorio el asunto que el jurista Miguel Antonio Bernal solicitó que se anulara la elección de 22 diputados de Cambio Democrático por “favorecerse ilícitamente” de recursos estatales para promover sus candidaturas. Se habló de una suma en exceso de 400 millones de dólares, “en apoyo oficial ilícito, así como partidas circuitales”, entregado a candidatos afines al gobierno.

Pero el Tribunal Electoral rechazó el recurso, aduciendo que “el período para presentar el recurso de nulidad respectivo precluyó” (La Prensa, 23 de julio de 2014).

La denuncia del Dr. Bernal se refería al uso ilegal de recursos estatales para fines electorales. También se emplearon millones de dólares de otras fuentes, no estatales, provenientes del sector privado y, presumiblemente, del crimen organizado, para comprar elecciones de diputados, alcaldes y representantes, a ciencia y paciencia del Tribunal Electoral.

En las campañas de 2009, 2004, 1999 y 1994 igualmente se invirtieron “millones” de dólares para comprar votos. En 2014 la danza de millones fue espectacular, pero de ninguna manera inusitada. La práctica tiene raíces firmes, que el Tribunal Electoral ha contribuido a profundizar.

Hoy queda claro que el crimen organizado ha comprado más de una curul en la nada augusta cámara, algunos de cuyos integrantes presuntamente mantienen vínculos con pandillas y otras organizaciones criminales. La detención, en semanas recientes, de dos funcionarios de la Asamblea Nacional ligados a diputados, una en posesión de cantidades inexplicables de dinero y otro con un paquete de “presunta droga”, apuntan claramente en esa dirección.

Un sistema electoral y un Tribunal Electoral que permiten que el crimen organizado compre, robe o de alguna otra manera se apropie de cargos de elección popular no le sirve a la sociedad. El presidente de la República ha dicho que habrá“cero tolerancia con este tipo de vínculos” (La Prensa, 8 de enero).

Además de procesar a los implicados en actividades delictivas –así sean diputados, alcaldes o representantes– debería aprovecharse esta coyuntura para corregir el sistema de elecciones y reconfigurar el Tribunal Electoral, a fin de impedir que el crimen organizado siga afincándose en la Asamblea Nacional y los gobiernos municipales.

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