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ESTADISTAS

Obras versus institucionalidad: Jorge D. Bravo

Obras versus institucionalidad: Jorge D. Bravo Obras versus institucionalidad: Jorge D. Bravo
Obras versus institucionalidad: Jorge D. Bravo

Cuando un país se maneje bajo los parámetros de la corrupción, cuando el desarrollo económico solo beneficie a los más ricos, cuando las clases trabajadora y humilde deban estar constantemente en las calles para reclamar la solución a sus problemas, cuando el país se vea sumido en una crisis de valores, cuando ya no se respeten los derechos humanos ni la liberad de prensa, el derecho a disentir, a la salud y a la educación; cuando la justicia y el poder político estén secuestrados por el poder económico, entonces, ¿de qué servirán las obras, los megaproyectos y las grandes infraestructuras, si la institucionalidad se habrá perdido y el pobre seguirá siendo más pobre y el rico, más rico?

No existe un consenso único en cuanto al concepto de institucionalidad. El autor Juan Francisco Reyes López la define como un atributo básico de un estado de derecho que conlleva “transparencia, predictibilidad y generalidad, lo que facilita la interacción humana y permite la prevención y solución efectiva, pacífica y eficiente de los conflictos”. (La Hora, Guatemala). Se pierde la institucionalidad, dice este autor, “cuando no se respeta y observa estrictamente la Constitución de la República o el pacto social, norma que nos lleva hacia el estado de derecho”.

Más que por sus obras –muchas producto de sobrecostos que ocultan grandes negociados, pagos de coimas, peculados, etc.– yo prefiero recordar a un presidente por su lucha contra la corrupción, la inseguridad y la violencia; por su compromiso de respeto a los derechos humanos, por la transparencia de su gestión, por fomentar el respeto a las instituciones, por sus esfuerzos contra el alto costo de la vida y mejorar la calidad de los servicios básicos, por su legado de valores morales, éticos y democráticos.

Prefiero recordar a un presidente que concluye su gestión sin que él, o parte de su gabinete, haya sido llamado por los tribunales de justicia por casos de corrupción o a otro que, aunque haya hecho obras, sus ministros y directores de instituciones desfilen en las fiscalías y sean el tema diario de los noticiarios, porque se encuentran envueltos en escandalosos casos de manejo indebido de la cosa pública.

¿De qué le sirve al ciudadano común el desarrollo económico de su país, si este no conlleva el principio de inclusión social? Es decir, no permea el entorno de la clase más necesitada. ¿De qué sirven los grandes hospitales si no tienen equipo ni medicamentos para atender a la población? ¿De qué sirven las megaobras si la calidad de vida de los habitantes va en retroceso, si en su comunidad el servicio de agua potable es deficiente, si en la Caja de Seguro Social no hay medicamentos ni se pueden conseguir citas con especialistas; si no hay seguridad en las calles; si el salario ya no alcanza y si la educación pública es cada vez más deficiente?

El principal objetivo del Estado es la promoción del bien común (entiéndase colectivo, no personal) y la principal prioridad de un gobernante debe ser promover la gobernanza más que la gobernabilidad. La primera, vista como el arte o modo de gobernar que tiene como propósito la consecución del desarrollo económico, social e institucional duradero, instando al sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y la economía de mercado; y la segunda, como lo que le permite a una administración política concretar sus planes y políticas de gobierno porque existe por parte de la sociedad una aceptación de su legitimidad y reconocimiento de su autoridad.

Dejemos atrás la mentalidad clientelista de la política actual y asumamos una posición más beligerante, como ciudadanos, en el manejo de las riendas del Gobierno. Promovamos una democracia participativa que otorga a los ciudadanos una mayor, más activa y más directa capacidad de intervención e influencia en la toma de decisiones de carácter público y que promueve una sociedad más justa, plural y con mayor inclusión social, que se reconoce en los valores de la concertación, la tolerancia y la colaboración.

Cuando un presidente se propone, como meta, fomentar y elevar la institucionalidad del país, promoviendo el respeto a la separación de los poderes del Estado, el desarrollo con inclusión social y la promoción del bien común y los valores éticos, morales y democráticos, entonces serán bienvenidas y muy bien vistas las obras de infraestructura, los megaproyectos, el auge económico del país.

Entonces, le habrá legado a los habitantes un país, no endeudado, sino próspero no solo en el aspecto económico, también en valores, en calidad de vida, en el respeto a los derechos humanos, en el rescate de la dignidad, como país y como seres humanos. Ese presidente será recordado, luego, como un estadista y no como un delincuente.

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