INSTITUCIONALIDAD Y ESTADO DE DERECHO

Panamá y nuestros estándares: Juan Manuel Muñoz

Recientemente, he tenido múltiples diferencias de opinión con amigos acerca de la situación política en el país. Es curioso que haya motivos para discutir sobre política, cuando al final de cuentas los gobiernos pasan y los panameños trabajadores tenemos que seguir despertándonos temprano para ganar el sustento diario, sin mayores diferencias.

Las noticias recientes, tanto en el ámbito nacional como internacional, nos dejan ver que vivimos tiempos de cambio. Esto, probablemente, como consecuencia de una serie de corrientes que provienen del ámbito internacional. Todos sabemos que la pobreza es enemiga de la economía y de los mercados, ya que estos dependen de la gente con capacidad para comprar productos o adquirir servicios. Hoy día, por ejemplo, los países industrializados tratan de ampliar sus mercados, y una forma de hacerlo es mediante la lucha contra la pobreza en el mundo en desarrollo. Curiosamente, pareciera que al fin hay un objetivo global en común: Reducir la pobreza nos conviene a todos.

Si observamos con cuidado, la diferencia entre el primer y tercer mundo radica en los estándares bajo los que funciona la sociedad en general, incluyendo tanto el sector público como privado. Estos estándares determinarán parámetros de calidad, eficiencia y productividad, entre otros, y no dependen del producto interno bruto per se, como todavía piensan algunos compatriotas. El aumento en el producto interno bruto sin los estándares institucionales adecuados suele ir de la mano con la formación de un sistema social injusto, sin equidad en cuanto a libre competencia, que fomenta el enriquecimiento de pocos, amplía la brecha entre ricos y pobres, y estimula la intranquilidad social.

Hoy día sabemos que el paso de una sociedad rural primitiva a una desarrollada es unilineal y automático, siempre y cuando se den las condiciones de institucionalidad y de respeto al estado de derecho. En otras palabras, el primer paso para subir nuestros estándares, como país, debe ser el aumento en las exigencias al sistema de instituciones establecido. Con esto quiero decir que si en algún momento era normal que se pagara un soborno, se traficaran influencias, se usara a los gobiernos como una forma de mejorar los ingresos económicos de familiares y amigos, o se viera la política como la manera de asegurar el futuro económico del grupo gobernante, ha llegado el momento en que los panameños no podemos seguir permitiendo los mismos abusos del poder.

En todo proceso habrá individuos o grupos que se resisten al cambio, porque han aprendido a subsistir y a desarrollarse en el sistema tradicional injusto o que, simplemente, disfrutaron de las ventajas que les dio la injusticia del sistema corrupto.

En mi humilde opinión, el reto más grande que tiene la actual administración no es estimular la economía, con masiva inversión gubernamental ni mucho menos seguir regalando subsidios no focalizados, como la forma de politiquería vista a repetición en gobiernos anteriores. Esas prácticas solo llevan a un mayor endeudamiento del país, pero no demuestran sostenibilidad tras el paso del tiempo. El reto más grande de la actual administración es realizar los cambios necesarios en las leyes e instituciones, que permitan las condiciones de paz, tranquilidad social, equidad y justicia, necesarias para mantener el desarrollo de la libre empresa, y con el esperado ascenso unilineal, automático e irreversible que se merece Panamá. No menos importante es que se mantenga la consulta y la participación ciudadana, no como actitud de un determinado gobierno, sino institucionalizarla dentro del funcionamiento del Estado. Solo la voluntad política para hacer estos cambios nos permitirá avanzar en el camino hacia el primer mundo, como todos queremos.

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