DECRETO INAMISTOSO

Paraísos e infiernos: Carlos Guevara Mann

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Mediante el Decreto No. 1966 de 2014, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia incluyó a Panamá en la lista de países que el Gobierno colombiano considera “paraísos fiscales”. Por varias razones, la medida es desacertada.

De acuerdo con el Decreto, “los paraísos fiscales ofrecen ventajas comparativas para el capital, la actividad financiera de personas no residentes en ellos y otras actividades susceptibles de movilidad geográfica, al amparo de una legislación laxa en materia de controles y poco o nada transparente en la información que se suministra a terceros Estados, con tipos impositivos sobre la renta inexistentes o nominalmente bajos con respecto a los que se aplican en Colombia a operaciones similares”.

Como lo explicó el abogado Julio Linares Franco en su columna publicada en La Prensa (12 de octubre), según estos criterios Panamá “no es ni puede ser considerado como un paraíso fiscal. No tenemos leyes especiales que les otorguen ventajas tributarias a los extranjeros sobre los nacionales. No tenemos regímenes jurídicos separados que le permitan a un extranjero tener ventajas fiscales o tributarias sobre los panameños o residentes, respecto al pago de los impuestos nacionales”.

Los controles que se aplican al ingreso de capitales, tanto foráneos como locales, al sistema financiero panameño son cuidadosos y estrictos, como puede dar fe de ello cualquiera que haya abierto una cuenta bancaria en Panamá y reciba transferencias de fondos del extranjero. La vigilancia es rigurosa y, en los casos en que exista un mandamiento judicial, los bancos entregan puntualmente la información requerida, conforme a la ley panameña, que es la que debe imperar en el país.

Al incluir a Panamá en su lista de “paraísos fiscales”, el Gobierno de Colombia actuó basado en información incompleta. Su decisión impacta negativamente las relaciones comerciales entre ambos países y profiere una ofensa gratuita a un Estado que a lo largo de su vida republicana le ha expresado repetidas muestras de simpatía y buena vecindad.

Además de apoyar las iniciativas de la política exterior de Colombia, Panamá ha acogido a muchos miles de colombianos que se han trasladado al istmo en busca de un porvenir más halagüeño. Más que en el ámbito financiero, es en el renglón migratorio donde ha sido laxa Panamá, para beneficio de Colombia, según la opinión generalizada.

El Estado panameño, adicionalmente, ha sufrido con paciencia el menoscabo a su seguridad producido por la incapacidad de Colombia de mantener el orden público en su territorio, sin jamás presentar ni una queja por los numerosos perjuicios recibidos. Así como compete al Gobierno de Colombia (no al de Panamá) prevenir la fuga de capitales que, por motivos fiscales, le interesa retener en su país, también le corresponde evitar las incursiones de irregulares o la emigración de delincuentes colombianos a sus Estados vecinos.

En respuesta al Decreto No. 1966 de 2014, el Gobierno de Panamá ha anunciado medidas de retorsión que complicarían aún más los intercambios financieros y mercantiles entre ambos países. Como debe saberlo ya la Cancillería colombiana, estas medidas cuentan con el respaldo de una ciudadanía que exige al Gobierno panameño enfrentar de manera contundente lo que se considera una determinación irrespetuosa del Gobierno de Bogotá.

No debe ser un secreto para ese Gobierno que un creciente sentimiento anticolombiano, cuyos orígenes son diversos, ha ido acrecentándose en Panamá en los últimos tiempos y se ha acentuado significativamente a partir de la promulgación del Decreto No. 1966. Ese sentimiento –inconveniente y lamentable, pero no por ello menos real– podría afectar a los miles de colombianos que residen legal o ilegalmente en Panamá, por cuyo bienestar es también responsable el Gobierno de Bogotá.

La Carta de las Naciones Unidas de 1945 exhorta a los Estados miembros de ese organismo (como lo son Colombia y Panamá) a mantener entre sí “relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos” (Art. 1.2). Declarar, sobre fundamentos equivocados, “paraíso fiscal” a un buen vecino como Panamá no constituye una manifestación de amistad o respeto.

Antes de asignar etiquetas inadecuadas, el Gobierno colombiano debió considerar cuidadosamente las consecuencias de su decreto. Por fortuna, todavía hay tiempo para que rectifique y extraiga a Panamá de una lista de la que no debió formar parte.

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