PROYECTO DE LEY

Pensiones, pausa para meditar: Gaspar J. González Villarrué

Los primeros debates en la Asamblea Nacional sobre las modificaciones a la ley de pensión alimenticia generaron controversias y algunos censuradores insisten en calificarla como una propuesta aberrante por el favoritismo que se les brinda a las mujeres por encima de la realidad socioeconómica de los hombres, indistintamente que casi la totalidad de estas demandas proviene de la parte femenina.

Las alarmantes cifras de divorcios que se registran en nuestro país constituye un elemento de análisis a considerar para opinar sobre dicha plataforma, y para adentrarnos en la realidad, sabemos que las estadísticas de demandas de pensiones alimenticias superan cada año a las anteriores, sin tratarse de una simple premisa; ciertamente, las cifras de la Contraloría General y de la Iglesia católica coinciden en señalar que de cada 10 matrimonios, seis se divorcian antes de los primeros cinco años.

Esta marcada tendencia, nos trae como consecuencia que las parejas tengan que experimentar la angustiosa comparecencia ante los juzgados de familia a deliberar lo relativo a la separación de bienes en común y a las manutenciones o pensiones alimentarias en caso de existir infantes o adolescentes (menores de 18 años o que se compruebe que estudien sin trabajar, hasta los 25 años).

Por ello, sería conveniente que en esta pausa en que se acordó devolver a primer debate el proyecto de Ley 87, que modifica lo relativo al régimen de pensiones alimenticias, con argumentos a favor y en contra como todo debate (en torno a las 54 modificaciones que se han presentado), se medite y se replanteen los puntos en discordia, principalmente los relacionados a la pensión prenatal, a los montos y a las sanciones, para así, presentar un documento más asertivo que logre el propósito de acelerar los procesos que garanticen la efectividad en el pago de las cuotas establecidas a las partes en beneficio único de los menores, incluidas las acciones legales para quienes incumplan las disposiciones.

Otros puntos a reconsiderar son la aplicación o no del pele police, la suspensión de la licencia de conducir, las acciones que pueden tomar las autoridades como publicar el nombre de los incumplidores en una lista de morosos, remitir sus antecedentes a la Asociación Panameña de Crédito y la cesación del paz y salvo municipal, entre otras medidas, considerando que estas podrían conllevar la pérdida del puesto laboral de los involucrados estancia que a su vez, acrecentaría los problemas económicos y sociales de las partes.

En su intención, justificamos por positivas las iniciativas de establecer sanciones para el empleador cuando incumpla la orden de descuento directo y la creación de juzgados de niñez y adolescencia municipales. Pero lo que no se puede ocultar a manera de sana conciencia civil en el anteproyecto, es que da la impresión que la mira apuntase directamente a los hombres versus lo neutro, a pesar que es extremadamente difícil comprobar el uso erróneo que hacen algunas mujeres sobre el aporte económico percibido e igual de difícil es comprobar los casos en donde es utilizado para satisfacer caprichos personales, so pretexto que lo recaudado es para la comodidad socioeconómica de los dependientes. Ciertamente se debería hacer por las dudas razonables, una revisión a estos puntos, que sin temor a prejuicios, saldrán a relucir casos de quienes han hecho del beneficio de la manutención, un estilo de vida al libre albedrío.

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