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DOS CARAS DE LA MONEDA

Planificación urbana sostenible

En lo público y en lo privado, la planificación se orienta a establecer políticas, estrategias y acciones para alcanzar objetivos y metas como resultado de la mejor asignación y uso de los recursos disponibles.

Sin embargo, la planificación como tal no está exenta de enemigos. Quienes perciben que este proceso atenta contra su poder y sus ventajas políticas, económicas y sociales (políticos, libertarios, anarquistas, corruptos, visionarios improvisadores, etcétera) hacen lo impensable y lo imposible para estigmatizar cualquier esfuerzo de planificación.

A nivel de un urbanismo sostenible, la planificación es un proceso dinámico y flexible que aborda los retos del crecimiento de las ciudades a través del uso ordenado del espacio para lograr objetivos económicos, sociales, culturales y ambientales. El planificador se vale de políticas, regulaciones, normas y mecanismos participativos para ordenar el uso del suelo y regular las condiciones para su transformación o su conservación.

Los desafíos de las ciudades son muchos y van en aumento: los asentamientos informales, la seguridad ciudadana, la salud pública, la pobreza y la marginalización, la vulnerabilidad del medio ambiente, la movilidad urbana, el manejo de desechos, la disponibilidad de agua, energía y otros servicios, entre otros, y la solución a estos problemas requieren de una planificación sistémica y estructurada.

Algunos expertos definen el crecimiento urbano anárquico como un proceso discriminatorio, que promueve la polarización espacial, la disparidad y el desequilibrio social, donde sectores privilegiados y de poder se benefician de la explotación de las mejores áreas de la ciudad y de la especulación del valor de la tierra.

En este marco, “el mercado” inmobiliario queda a la suerte de una oferta carente de orden y coherencia, que termina por reducir la calidad de vida de los ciudadanos. Y así encontramos el congestionamiento físico, la expansión desordenada, la infraestructura y servicios ausentes o deficientes, y el fraccionamiento y la poca conectividad de nuestras ciudades, sobre todo en los suburbios o la periferia de las urbes.

La planificación urbana sostenible busca modificar físicamente la ciudad para ordenar y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos; distribuir adecuadamente la población para crear sinergias y masas críticas; generar las economías de escala que resultan de la aglomeración y la conectividad entre la producción y los mercados; permitir un mejor acceso a espacios públicos, infraestructura y transporte público; aumentar el valor del suelo y la atracción de inversiones mediante la funcionalidad territorial; mejorar la integración, la inclusión y la seguridad ciudadana; identificar y minimizar posibles riesgos frente a desastres naturales en los barrios; facilitar la gobernabilidad democrática a través de la participación ciudadana y la promoción de valores éticos, cívicos y sociales.

La planificación urbana sostenible no pretende modificar el dinamismo y la vitalidad de las ciudades, más bien trata de canalizar y orientar esa fuerza, cambiando lo espontáneo por lo consciente, generando inversiones rentables para el capitalismo inmobiliario, pero que a la vez no sean ajenas a las necesidades e intereses de la sociedad. Es una manera de atender los problemas urbanos, antes que estos se vuelvan más complejos, más costosos y eventualmente no tengan solución.

Algunos de los que se benefician de los procesos de urbanización no comparten la visión de “anarquía urbana” que afecta a la ciudad de Panamá y no anticipan posibles efectos negativos al modelo de negocios existente, tal vez porque se percibe que los beneficios económicos que ahora se reciben seguirán siendo a futuro mayores que los riesgos y las posibles afectaciones económicas.

A mi criterio, esa “clase urbanizante”, como la clasifican algunos, debiera considerar dos posibles escenarios, ambos adversos e indeseables. El primero, de naturaleza económica, donde el caos afecta el mercado, los factores de producción y plusvalía y se pierde el “orden” sobre el cual opera el modelo económico y se arriesga la continuidad del propio sistema. El segundo, de orden político, producto del aumento de las quejas ciudadanas por el desencanto y el descontento ante la inoperatividad de la ciudad y la mala calidad de vida de los ciudadanos, donde el Estado se ve obligado a intervenir para mantener la gobernabilidad y la paz social urbana.

Debemos aprovechar la coyuntura para reflexionar sobre la conveniencia de adoptar un modelo de planificación urbana sostenible, solidario y participativo, como una manera de reordenar y darle otro rumbo al desarrollo de nuestras ciudades. Hablar de un balance entre lo económico, lo social y lo ambiental hace mucho que dejó de ser una entelequia para convertirse en una necesidad.

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