OPORTUNIDADES

Porvenir para los desamparados: Alberto Valdés Tola

¿Quién no ha visto a vagabundos merodear por las pestilentes calles de Calidonia, buscando alimentos para saciar su hambre? ¿Quién no los ha visto tirados o recostados, con frío, en algún parque de San Felipe o Santa Ana?

Aunque estas imágenes sean duras y evoquen la idea de un Panamá desesperanzador para los parias de nuestra pujante sociedad capitalista y global del siglo XXI, no es raro toparse con este supuesto criptograma de la modernidad tardía, en el que observamos la realidad social de manera indiferente y despreocupada; imponiéndonos, consciente o inconscientemente, premisas inhumanas y recetadas por el neoliberalismo de mercado. Esto los estigmatiza como vagos, borrachos, drogadictos, dementes, de mal vivir, etc., sin importar siquiera aspectos humanos como su edad, género y origen étnico; menos aún su incuestionable y fundamental carácter de semejante. Así, estos individuos invisibles para algunos, fantasmales o espectrales para otros (no los ven como ciudadanos de un país cuyo crecimiento económico es el más alto en la región centroamericana, sino como almas en pena que deambulan por todas partes de la ciudad), son marginados de los beneficios de la sociedad panameña; la que se honra, legítimamente, por su pragmatismo laboral e individualismo socioeconómico, pero se olvida de que los ciudadanos de un país constituyen una colectividad de seres heterogéneos, que muchas veces requieren ser asistidos por el Estado.

De esta forma, al igual que hay políticas sociales para incentivar la educación y la salud (principales pilares del bienestar), debemos como sociedad civil exigir otras políticas de carácter universalistas, que no solo refuercen el estado de derecho de nuestra nación, sino que generen las condiciones óptimas para incluir a estas tristes personas olvidadas por todos, como ciudadanos sujetos de derechos. Ahora bien, muchos alegarán que el Estado ha forjado una serie de políticas sociales cuyo cuño indiscutiblemente ha sido salvaguardar el bienestar de la familia, de los adultos mayores, de los niños y otros grupos; sin embargo, varias de estas iniciativas institucionales no solo son focalizadas (lo que implica desde la teoría cierto margen de exclusión social), sino que no representan paliativos cónsonos con la realidad.

Por otra parte, los desamparados no son elegibles ni siquiera a estas ayudas institucionales, porque no se les ve como ciudadanos, sino como entes residuales de un universo social exitoso; así, el Estado panameño bajo su lógica racional basada en las premisas del capitalismo tardío, relega la obligación de cuidar de estos individuos a otras instituciones como la iglesia, grupos civiles de auxilio al necesitado y organizaciones especializadas (para ancianos abandonados, drogadictos, etc.), evitándose el engorroso trabajo de edificar un sistema de gestión institucional (servicios y programas) para ellos.

Este lamentable panorama de incertidumbre para los desamparados de nuestro país (que no son pocos), debería suscitar no solo incomodidad personal, sino un genuino espíritu de solidaridad; basado en la lucha por el reconocimiento de sus derechos sociales como ciudadanos.

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